Limitar el precio de los alquileres: gasolina para apagar el fuego.
En conclusión, esta ley es gravemente contraproducente, pues atenta contra la lógica del mercado y - lo que es más importante - la experiencia reciente, nos muestra que su efecto será diametralmente opuesto a su objetivo. Pero también inconstitucional, en la medida en la que atenta contra los derechos fundamentales de los propietarios y la libertad de contratación.
El Gobierno pretende aprobar la Ley por el Derecho a la Vivienda – a cuya tramitación parlamentaria se le han atragantado más de 800 enmiendas – el próximo mes de febrero. El objetivo es terminar de despejar la agenda legislativa para trasladar todos los esfuerzos a la campaña electoral. De esta forma, la coalición progresista sacará pecho por una medida a la que ambos partidos se comprometieron en el acuerdo de investidura: limitar el precio de los alquileres.
La limitación del precio de los alquileres es una medida intervencionista experimentada ya en muchos países europeos. Suecia fue la primera en introducir un mecanismo de este tipo, que se remonta a la II Guerra Mundial, y cuyo efecto ha limitado sobremanera la inversión en vivienda en el país nórdico desde hace décadas. El resultado ha sido claro, las zonas cuya renta quedó limitada por ley han sufrido una escasez de oferta que dificulta seriamente encontrar casas disponibles. A día de hoy, la lista de espera para acceder a un alquiler de este tipo es – de media – 9 años, llegando hasta los 20 para los barrios más céntricos.
En Berlín se introdujo el Mietendeckel, que impuso un tope al alquiler en la mayoría de los distritos de la capital, y congeló cualquier subida durante un periodo de 5 años. Un año y medio después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional Federal Alemán (BVerfG) lo declaró nulo y sin efecto, por contravenir los principios constitucionales de libertad de empresa y contratación. Su escaso recorrido no le impidió dejar huella en el mercado. Al igual que en Suecia, las zonas en las que se impusieron límites al precio experimentaron un desplome en la oferta de viviendas disponibles, convirtiendo la búsqueda de residencia en una misión casi imposible. De forma paralela, las pocas viviendas que – por su ubicación o características particulares – escapaban a la regulación, aprovecharon la situación de escasez para aumentar sus precios.
No son pocas las ciudades que se suman a esta lista: París, Amsterdam, Los Ángeles…Y, de nuevo, el resultado ha sido siempre el mismo: reducción de la oferta, dificultad para el acceso, incremento de los precios en las zonas no tensionadas y destrucción de los efectos virtuosos de asignación de recursos, que solo se pueden producir en un entorno de libertad de empresa. España se unirá pronto a esa lista, sin que el Gobierno haya mencionado en un solo texto relacionado con el proyecto de ley el fracaso que esta misma regulación ha supuesto en el resto del mundo, ni si quiera para fingir que aquí será diferente.
Pero lo reprobable de esta ley va más allá de su pernicioso impacto económico. El CGPJ advirtió en su informe referente al anteproyecto de esta ley que las medidas de contención de precios son “constitucionalmente sensibles”, a la vez que criticaba su contenido por “impreciso” y “farragoso”, anticipando conflictos en sede jurisdiccional.
En conclusión, esta ley es gravemente contraproducente, pues atenta contra la lógica del mercado y – lo que es más importante – la experiencia reciente, nos muestra que su efecto será diametralmente opuesto a su objetivo. Pero también inconstitucional, en la medida en la que atenta contra los derechos fundamentales de los propietarios y la libertad de contratación.
Sin embargo, el Gobierno, embarcado desde hace tiempo en una vergonzosa huida hacia delante – hacia mayo, concretamente – opta por ignorar el informe producido por el CGPJ, arrojándolo a la misma trituradora por la que pasó el que advertía sobre los efectos retroactivos de la Ley de "Solo Si es Si". Una práctica poco democrática y, a la postre gravemente dañina, – pues como ya hemos visto – los violadores acaban saliendo a la calle y, la realidad, imponiéndose.
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