El hermano de la mujer fue quien les denunció por un presunto impago de un préstamo que estos afirman haber devuelto
en una entrevista a Canal6 Televisión de Aspe, el matrimonio confirman que ellos mismos le pagaron hasta el ultimo euro al Hermano, pero lamentablemente, no tienen facturas de lo pagado.
Ramón y Teresa, un matrimonio de 85 y 87 años, vecinos de Aspe y agricultores de toda la vida de uva de mesa ensacada en el Vinalopó, esperan una orden judicial para desalojarlos.
A causa de la crisis, la pareja tuvo que pedir dinero prestado al hermano de Teresa, que dicen que ha sido devuelto. Las declaraciones de una persona contra la otra llevaron a su familia a presentar una denuncia en 2019, solicitando al juzgado de Novelda que emitiera una orden de desalojo el 24 de mayo del próximo año.
El matrimonio lo pierde todo, la tierra y la casa, no pueden irse a otro lugar. El Ayuntamiento de Aspe presentó dos informes al juzgado en los que se confirmaba que el municipio no podía proporcionar vivienda social a quienes no podían ser alojados y, además, que se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad.
El 21 de abril, un juez emitió una orden disidente de la suspensión del lanzamiento.
La emergencia ha llevado a la asociación SOS Agricultores a participar y promocionar un vídeo que cuenta la historia de estos octogenarios e invita al público a una manifestación en Madrid donde, entre otras cuestiones, exigirán una solución al problema del matrimonio. Un matrimonio que dejó claro que “no se van a mudar de casa”.
Documentos judiciales obtenidos por el medio de comunicación indican que en 2019, el hermano de la mujer del campesino presentó una demanda alegando que les había permitido vivir allí sin pagar alquiler desde 2007 y solicitando el desalojo.
En 2020, el tribunal confirmó la sentencia y condenó a los imputados a desalojar la finca que tenían en precario estado y les impuso una pena de insurrección el 16 de diciembre.
La audiencia provincial rechazó la apelación del matrimonio y confirmó el veredicto en 2021, que también fue confirmado por la Corte Suprema.
En 2022, Servicios Sociales de Aspe presentó un informe de vulnerabilidad en el que afirmaba que la pareja recibía una pensión y se le ofrecían servicios y recursos para obtener una opción de vivienda alternativa, que las partes declinaron porque no querían salir de su casa.
En ese año, el juzgado negó la moratoria al lanzamiento, entendiendo que no participaban en una situación de vulnerabilidad, y teniendo en cuenta los indicios de que la pareja tenía mayores capacidades económicas a medida que el desarrollo agrícola continuaba y producía rendimientos, actualmente, su hija lo hacía. .
El tribunal desestimó el recurso en 2023 y fijó como nueva fecha de inicio el 24 de mayo. Unos meses después, el alcalde de Aspe presentó una solicitud de suspensión y adjuntó otro informe de Servicios Soles, pero según el juzgado no aportó nuevas circunstancias, por lo que finalmente el juzgado dictó proceder.
