Desde el Departamento Jurídico de INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC) queremos poner en conocimiento unos hechos que, a nuestro juicio, rozan el surrealismo y atentan contra la dignidad, que lamentablemente continúan siendo problemas actuales y que vienen sufriendo a día de hoy los componentes del Cuerpo, todo ello como consecuencia de la desfasada y anquilosada normativa que sigue vigente e imperando y que tanto daño está causando a la vida personal y laboral de todo un Colectivo.
Esa es la sensación que detectamos cuando vemos que toda la legislación creada por la Guardia Civil parece ser obviada de manera continuada y sistemática por aquellos cuya responsabilidad es precisamente la de velar por su estricto cumplimiento.
En pleno siglo XXI un Mando puede grabar unos asuntos particulares (AP) que un agente NUNCA le había solicitado y este enterarse de esa decisión un mes después, pidiendo explicaciones a aquel y obteniendo como respuesta “que no hay nada anómalo en ello”.
Un Guardia Civil puede asistir atónito a cómo su Oficial de compañía decide negarle un permiso por ingreso hospitalario de un familiar de 1º grado, asi sin más. A ese “directivo” le da exactamente igual que aporte la documentación requerida por ley, resultándole indiferente que la Orden General establezca unos criterios claros y se cumplan, el superior, apoyado en su posición y en su superioridad, decide denegarlo y todo bajo su única potestad.
Un Agente puede experimentar como un Oficial decide incoarle expediente disciplinario, siendo este el creador del mismo, el testigo, el instructor, quien le toma manifestación y un “todo en uno”. Nos preguntamos ¿Para qué se va a acudir a la normativa que regula todas las figuras jurídicas que se establecen como necesarias y obligatorias para ejecutar un expediente, si el iniciador entiende que él solo puede acapararlas todas a la vez?
Podríamos seguir exponiendo más casos de lo que nuestro Departamento viene observando cada día y aunque parezcan de “otra época”, asi es la realidad en la Benemérita, casos que no dejan más opción que acudir a los tribunales para pedir que los dirigentes obliguen a aplicar la normativa que existe, pese a que algunos, por motu propio, omiten aplicar.
Resulta triste observar como ciertos Mandos deciden aplicar su propia normativa de forma unilateral y sin ningún tipo de consecuencias, causando un perjuicio al subordinado y lejos de que se depure responsabilidad por parte de la Administración contra ellos, lo máximo que ocurra es el decirles que no albergaban la razón, pero sin ningún tipo de medida ni disciplinaria ni judicial, y eso ya es tarde, la victima de sus decisiones, que resultan completamente arbitrarias, ya ha sufrido tales consecuencias y el daño derivado de las mismas es irreparable.
Desde IGC queremos manifestar que por desgracia estos y otros casos similares pasan con más frecuencia de lo que desearíamos y que no son supervisados e incluso hasta asumidos por la Administración. Seguiremos defendiendo los intereses de nuestro personal y denunciándolo tanto mediática como judicialmente, puesto que, si la Dirección General no hace nada al respecto, al menos la Justicia les marcara el camino a seguir.
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