La Guardia Civil detiene a los supuestos empleados de una falsa tienda de sofás online

• Se les atribuye la estafa de 543.095 euros, entre clientes, entidades financieras y proveedores
• Hasta la fecha se ha localizado a 175 perjudicados por todo el territorio nacional

  La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres, de nacionalidad española, pertenecientes a un grupo criminal al que se le atribuye la estafa de 543.095 euros, haciéndose pasar por una empresa de fabricación y venta de sofás que operaba por Internet. Los investigadores han localizados ya a 175 perjudicados en 21 provincias españolas, aunque se estima que este número aumente.

Ofertaban sofás fabricados a medida a precios muy competitivos

La operación se inicióa finales del pasado año, cuando la Guardia Civil recibió una denuncia en San Juan de Alicante en la que un perjudicado manifestaba que había comprado por Internet un sofá valorado en 2.100 euros, pero que no había recibido el producto y la empresa no le había devuelto el dinero ni le ofrecía otra solución.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estaban investigando hechos similares consistentes en la venta de sofás a través de una página web, mediante la que ofertaban  de manera engañosa y  acordando un pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pago financiado, no llegando dichos productos jamás a sus compradores.

Asimismo, se presentaban como una consolidada marca, asentada en el mercado nacional que, según afirmaban, trabajaba con conocidos proveedores, prometiendo a sus clientes 100 días de prueba y cinco años de garantía de sus productos.

Igualmente, ofertaban los sofás a precios muy competitivos, y su abono era facilitado a plazos o mediante financiación con distintas entidades financieras. Se comprometían a la entrega del producto final en un plazo inferior a 12 semanas. No obstante, existía la posibilidad de acortar significativamente las entregas, previo contrato bien del Servicio Rápido, con un coste adicional de 49 euros, o del Servicio Premium, por 89 euros. En éste último tipo, el sofá sería recibido como máximo en seis semanas.

Los sofás encargados debían ser abonados por el cliente a su solicitud, ya fuera por pago directo del interesado, o contratando el servicio de una entidad financiera. Entonces la empresa cobraba el dinero de forma inmediata, pero no iniciaba la fabricación del sofá encargado.

Cuando el cliente veía que finalizaba el plazo de entrega pactado sin recibir el producto, contactaba con ellos telefónicamente, por mensaje o por correo electrónico para reclamar el envío. La comercial le ponía todo tipo de excusas para justificar el retraso sin reconocer en ninguna ocasión que en realidad no tenían intención de fabricar el sofá ni de efectuar la entrega. Muchos clientes reclamaban la devolución del importe al no recibir el producto no realizando la empresa el reembolso de dicha cantidad. Asimismo, en la mayoría de los casos, la empresa simplemente dejaba de responder a los mensajes.

En un momento dado de la investigación, los agentes comprobaron que las instalaciones de la tienda, con supuesta sede en Gandía (Valencia), se encontraban abandonadas y que la mercantil asociada no tenía actividad en la actualidad. Sin embargo, había existido en el pasado. Constituida en el año 2011, había tenido una actividad comercial normal hasta el mes de abril de 2021, momento en que el negocio empezó a ir mal. Ahora, para llevar a cabo las estafas, captaban a sus potenciales víctimas aprovechándose de la confianza adquirida en sus años de trayectoria.

El reparto de funciones entre los miembros del grupo era de importancia equitativa y estaba claramente distribuido: El hombre, de 44 años era el administrador de la empresa y se encargaba de las relaciones y contratos con los proveedores. Su madre, una mujer de 62 años, era la apoderada y llevaba la contabilidad. La tercera detenida, una mujer de 45 años, era la comercial y gestionaba para los clientes los contratos de las financiaciones de los sofás cuando éstos decidían pagar en esa modalidad. Los tres habían trabajado juntos en el pasado. Para dar salida al capital estafado, invertían los beneficios obtenidos con la actividad ilícita en países extranjeros.

Se les atribuye la estafa de más de medio millón de euros

Los afectados, comenzaron a poner quejas y denuncias ante diferentes organismos. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha localizado a 175 perjudicados en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cantabria, Castellón, Girona, Guadalajara, Guipuzcoa, Madrid, Murcia, La Rioja, Oviedo, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza, si bien se espera localizar a más víctimas.

Se les atribuye la estafa de 543.095 euros estafados a consumidores finales, entidades financieras y a seis proveedores del sector del sofá.

La Guardia Civil calcula que llevarían cometiendo las estafas desde hace aproximadamente un año, tras una etapa en la que el negocio legal comenzó a acumular deudas con sus proveedores.

La operación ha sido desarrollada de manera conjunta entre el Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Alicante, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Madrid, y el Equipo @ de Getafe, también en Madrid.

Las detenciones se han producido en las provincias de Asturias y Valencia. Cabe destacar, la especial dificultad que entrañó la localización del hombre que, conocedor de que estaba siendo buscado por la justicia y por los propios estafados, se hallaba desde hacía meses en paradero desconocido, ocultándose en diferentes domicilios y albergues situados en Asturias y Valencia.

Se les imputan los delitos de estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Se han realizado dos registros en dos naves industriales situadas en Riola y Almoines (Valencia) en las que los autores ocultaban  120 sofás, propiedad de los proveedores estafados por el grupo.

La Guardia Civil ha contado con la activa colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante.

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