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¿Es justa la prisión sin fianza de los fundadores del Expediente Royuela?

El juez Gadea ha mandado a prisión sin fianza a Don Alberto Royuela, a su hijo Santiago Royuela, al periodista Juan Martín Grasa y al juez Fernando Presencia.

Seguro que el nombre “Royuela” os suena a todos por el “Expediente Royuela”. Pues bien, Alberto Royuela de casi 90 años, destapó hace 10 años la mayor trama criminal dentro de la justicia española en Democracia. Curioso que ahora lo encarcelen a él acusándolo de banda criminal para lucrarse, cuando lleva gastados todos sus ahorros en su particular cruzada para esclarecer la muerte de su hijo.

Para el que no conozca el tema, hay en YouTube dos canales (#expedienteroyuela) con cientos de videos en los que Santiago Royuela expone las actividades ilegales de una mafia supuestamente liderada por un ex fiscal jefe de Cataluña.

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Según declaran los Royuela, en dicha mafia estarían ciertos fiscales, jueces, abogados, miembros de la guardia civil, policía nacional, forenses, importantes políticos y un nutrido número de delincuentes actuando a modo de sicarios.

Las pruebas que presentan son 36000 manuscritos incautados por Alberto Royuela justo antes de ser destruidos por orden de dicho fiscal. Estos manuscritos son básicamente: mensajes, órdenes que retornaban a su emisor una vez confirmada su lectura, y que se archivaban a modo de actividad empresarial, ya que en la era digital el papel es el tipo de mensaje más difícil de interceptar y además los archivaban guardados en un zulo de una clínica abortista, de la que el fiscal era socio.

Las actividades ejercidas por esta mafia serían: evasión de capitales, amaño de sentencias, tráfico de drogas, tráfico de vehículos robados de alta gama y sobre todo asesinatos a manos de sicarios de periodistas molestos, políticos o encargos de familiares de la propia víctima.

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De esta forma llega Don Alberto, una vez con la documentación en su poder, a leer en uno de los documentos el encargo del asesinato de su propio hijo, Javier Royuela, que apareció muerto supuestamente por sobredosis. Lo curioso es que llevaba su DNI encima pero la policía lo metió en el depósito cómo “hombre de origen árabe sin identificar”.

Por suerte para la familia, una policía urbana de Barcelona lo conocía, y llamó a la familia (que lo buscaban por hospitales) para decirles lo que pasaba.

El padre, no entendiendo por qué no les habían avisado comienza a investigar por su cuenta, y al tener muchos contactos en Barcelona pudo enterarse de que su hijo tenía mucha información de un guardia civil, que supuestamente traficaba con drogas. Lo que no sabía Javier Royuela es que detrás de este guardia civil había toda una supuesta mafia que decidió eliminarlo.

A Don Alberto Royuela le llega la información de que existía una red delictiva del fiscal en cuestión, y que el guardia civil pertenecía a esa red que funcionaba desde los años 80. Entonces decide investigar al fiscal.

Un buen día lo llaman y le dicen que en una clínica abortista de Barcelona, el entonces fiscal general  ha mandado quemar muchos documentos comprometidos que tenía guardados allí, ya que se iba a hacer un registro en la clínica por un tema de abortos clandestinos. Le ofrecen, desde dentro de la clínica, venderles todos los documentos, y él acepta.

Paga una fortuna por los 36.000 manuscritos, y para comprobar la veracidad de la letra y las firmas – según relatan los Royuela- los someten a pruebas caligráficas, dactilares y de ADN, para identificar a todos los que habían tocado esos papeles.

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Y es revisando todos los papeles, cuando encuentra la orden de asesinar a su hijo (eliminación física dice el documento), quien lo ejecutó, y cómo.

¿Es mentira todo lo que cuentan los Royuela? ¿Son auténticos esos documentos o ha sido víctima de un engaño por parte de los que se los han vendido? ¿Por qué todos los implicados no han demandado al señor Royuela?

Resulta extraño el vacío e inanición por parte de las autoridades y los medios de comunicación sobre éste tema y sobre todo de los propios implicados.  Alberto Royuela presentó 1.136 denuncias por el asesinato de su hijo en diferentes juzgados de toda España, y ninguna se ha tramitado.

Es inaudito que no se haya judicializado todas las denuncias para que el propio Alberto Royuela pueda demostrar si esos documentos, que reflejan la orden de casi tres mil asesinatos cometidos por sicarios, son o no verdaderos.

Por eso se pide la judicialización del Expediente, para que si todos esos documentos son falsos, los Royuela paguen por cometer los delitos de injurias graves y daños al honor de importantes políticos, fiscales, jueces y policías. Pero si se demuestra que son verdaderos, los responsables del asesinato por encargo de casi tres mil personas, paguen por estos gravísimos delitos.

Llama la atención que tras 4 años de exponer en sus canales de difusión, nombres y detalles precisos de las actividades de la supuesta mafia, los canales de YouTube, con miles de suscriptores, siguen activos. Nadie los ha denunciado por injurias. Los familiares de las víctimas no se manifiestan y los medios prefieren obviar este fenómeno. ¿Por qué este silencio?

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Y aparece el juez Presencia y el periodista Juan Martín Grasa y se ofrecen a ayudar a los Royuela, y juntos participan en una organización sin ánimo de lucro llamada ACODAP donde exponen documentación, que han ido consiguiendo, de supuestas cuentas en el extranjero (no declaradas) de gran parte de la judicatura española.

Y es por esta organización que solo pretende luchar contra la corrupción y donde aceptan donativos para seguir luchando contra ella, la razón por la que los han encarcelado acusados de organización criminal para lucrarse.

Lo curioso es que no se mencione en la razón de su encarcelamiento la exhibición de documentos manuscritos de encargos de asesinatos o el delito de mostrar cuentas bancarias en paraísos fiscales de políticos o jueces, sino que los condenan por banda criminal al tener una asociación (Acodap) para la lucha contra la corrupción, que se nutre de donaciones voluntarias de personas anónimas que quieren que se judicialice el expediente.

Y entran en la cárcel de Soto del Real sin fianza por riesgo de fuga. De risa que el juez tenga miedo de que se fugue un hombre de casi 90 años que lleva luchando muchos años para hacerle justicia a su hijo asesinado, o un hombre (juez Presencia) con arraigo familiar, mujer y tres hijos pequeños.

Muy pocos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia y el que lo ha hecho, trata el tema de perfil. Ningún político lo menciona, ni siquiera la oposición. ¿Qué pasa en éste país?

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9 COMENTARIOS

  1. Me llamo Pablo Parellada Redondo y soy una víctima de la banda mafiosa del ex fiscal jefe del TSJ de Cataluña José María Mena Álvarez cuya denuncia por la familia Royuela se conoce como Expediente Royuela. El pasado día 10 de junio envié una nota de prensa a las agencias de noticias y a muchos diarios explicando que en noviembre del año pasado interpuse una denuncia, que está admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid desde el 10 de enero del presente año, por el asesinato de mi primera pareja, que fue el escritor Terenci Moix, y cuyas pruebas materiales me entregó ante notario Alberto Royuela Fernández en Barcelona sin pedirme nada a cambio.

    La familia Royuela y el exjuez Fernando Presencia y su asociación ACODAP no tienen nada que ver y no tienen buena relación en la actualidad, y el juez Gadea, por los problemas a los que se tiene que enfrentar Fernando Presencia, los ha metido a todos en un mismo saco de la forma más mendaz, injusta, torticera y dolosa.

    Por cierto: toda la información sobre mi denuncia se puede encontrar en la página web que he creado Justiciaparaterenci.com

  2. Sabemos que todo el expediente Royuela es cierto, gracias por dar eco a la noticia. Vemos que la pareja de Terenci dice la verdad, ya que él lo sabe. Pero la sociedad lo niega ocultándose los ojos.

  3. Muchísimas gracias Pablo Parellada por su comentario . Por supuesto, qué me meteré en su página . Y , yo me pregunto: En qué país vivimos , qué quién dice la verdad y va contra lo establecido, lo matan o lo meten en la cárcel. Encima , pocos medios de comunicación dan la noticia . Y tantos asesinatos impunes, incluido el de su pareja, el escritor: Terenci Moix . Repito, muchas gracias por su comentario .

  4. Acojonado me tiene el juez que los manda meter en la cárcel, ahora un año después de que éste saliera en los mismos listados que ponemos en duda:
    Donde sale el juez y un caballero con el que celebró boda en Las Vegas, boda discreta que no ratificó registralmente a su regreso a España.

    Yo que dudo de la veracidad de los listados, me pregunto:

    ¿Quién tiene ese finísimo hilo de información sobre los fiscales y jueces?

    Puede un magistrado recibir dádivas económicas, de poder o sexuales con discreción o descaradas y ¿ser presidente de una Audiencia, miembro de sala del Tribunal Supremo?

    O el que manda a unos viejos y a un juez tiro loco a prisión incondicional para que no hagan un Puigdemon.

    En este cuento el juez Presencia pone la épica y su inquisidor la lírica: por más que se llame Gadea.

  5. 1* Ana Maria Garcia Garcia – licenciada en Periodismo por la Universidad SEK de Segovia – Por qué mataron a la joven periodista de 22 años y le robaron su computadora y cámara fotográfica en su casa ? – Asesinada mediente un accidente de circulacion provocado en Segovia – 09/09/2006 – Exp N° 537, trabajaba en el canal 4 Segovia – ahora CyL8 Segovia, Presentaba el magazine (Más madera) – Fue enterrada en Don Benito / Badajoz / Extremadura. En el asesinato resultó herido de gravedad el otro ocupante del vehículo, un varón de 36 años. Fue traslado al Hospital General de Segovia, estamos buscando la familia del chico que estaba en el coche con Ana Maria

  6. El comentario de José Nieto se refiere a uno de los numerosísimos casos de víctimas detallados en el Expediente Royuela. También hay abundante documentación sobre cuentas en el extranjero de magistrados y políticos, sentencias amañadas, sobornos, chatajes, etc. Es vergonzosa la campaña mediática contra ACODAP, el juez Presencia y los Royuela, por no decir nada de la imputación judicial, que viene a ser una huída hacia adelante que perpetúa el encubrimiento mutuo de los profesionales de la justicia. Es difícil saber hasta qué punto hay datos falsos o desinformación mezclada con el Expediente Royuela (y nunca se sabrá si no se investiga) pero este proceso tiene todo el aspecto de buscar encubrir el asunto, lejos de querer investigar la montaña de mierda que sobre el Estado y sobre el sistema judicial han revelado ACODAP y el Expediente Royuela.

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