VOX presenta en las Cortes Valencianas una PNL en defensa de la unidad de España

VOX presenta en las Cortes Valencianas una PNL en defensa de la unidad de España

VOX presenta en las Cortes Valencianas una PNL en defensa de la unidad de España

FORMULANTE: D./Dª. Ana Vega Campos. Sindic del G.P VOX Comunidad Valenciana.

TIPO DE INICIATIVA: PROPOSICIÓN NO DE LEY DE TRAMITACIÓN URGENTE.

TRÁMITE: ARTÍCULO 165.4 RCV.

RELATIVA A: Defensa del orden constitucional. Al Consell, ante el Pleno de las Cortes Valencianas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, teniendo como valores fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Así da comienzo el articulado de nuestra Carta Magna.

Tristemente, en el debate de investidura hemos podido observar como todos los socios del próximo Gobierno socialista, han atacado frontalmente a la Institución de la Corona, mientras que el PSOE hacía oídos sordos, ignorando lo inimaginable, convirtiéndose el señor Sánchez en la muleta de comunistas, separatistas y filoterroristas, lo que haga falta con tal de ser Presidente del Gobierno.

Nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es innegable la historia de nuestro país como gran Nación, y que los adjetivos común e indivisible, no fueron puestos por casualidad por los padres de la Constitución.

Nuestra norma fundamental protege el pluralismo político en su artículo 6, el cual habla sobre la creación y funcionamiento de partidos políticos, donde se destaca que su ejercicio es libre siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley, cuestión esta que hoy queda en entredicho al ver como partidos que se encuentran en el Congreso de los Diputados, casa de todos los españoles, atacan frontalmente a la Constitución y a las Instituciones que en ella se contienen.

En los primeros días del año, hemos tenido que asistir con tremendo estupor a la investidura del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Socialista “Obrero” “Español”, gracias al apoyo directo (o abstención) de todos los Grupos parlamentarios que quieren acabar con la unidad nacional y con nuestra Constitución.

 

A lo anterior hay que sumarle el “juramento”, por llamarlo de alguna manera, en fraude de ley de los diputados de los grupos ERC, Junts per Cataluña, EHBildu, la CUP, el BNG y el Partido Nacionalista Vasco. En este sentido, el reglamento del Congreso de los Diputados es claro (Artículo 4.1):

“1. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará, de los demás Diputados, el juramento o promesa de acatar la Constitución, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético. El Presidente declarará constituido el Congreso de los Diputados, levantando seguidamente la sesión.”

A ello hay que añadir lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento de cargos y funciones públicas:

“Artículo primero.

En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta:

«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo …………….. con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?»

Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa.

La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”

Sin embargo, y a pesar de esta obligación legal, el Presidente, todavía en funciones, Pedro Sánchez en su discurso el día 4 de enero, realizó una serie de afirmaciones claramente contrarias al contenido de dicho juramento y, sin duda, en contra de los principios que recoge la Constitución Española. Entre otras, el Sr. Sánchez afirmó que “retomar la senda política (respecto al conflicto catalán), dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española”.

Con esta afirmación, el actual Presidente del Gobierno realizaba un ataque frontal a nuestra separación de poderes, principio constitucional fundamental; un ataque frontal a nuestro poder judicial; y, algo que resulta de extrema gravedad: diferenciaba a los españoles y los catalanes como si éstos pertenecieran a una nación distinta de España. Tal afirmación solo revela la intencionalidad del Sr. Pedro Sánchez de acabar con la “indisoluble unidad de la Nación española” desde su posición de Presidente del Gobierno, empezando con una Mesa de negociación bilateral Estado-Cataluña.

Otra de las graves afirmaciones que realizó el Sr. Sánchez fue referirse a España como “la España federal”, un país en el que se han desarrollado “identidades nacionales”; acusó a la Junta Electoral central de poner “zancadillas” en referencia a la inhabilitación para ser Europarlamentario del delincuente condenado por sedición Oriol Junqueras, posicionándose claramente en contra de nuestro ordenamiento jurídico.

Por otro lado, es inaceptable que se permitieran en la casa de todos los españoles que es el Congreso de los Diputados, la afirmación por parte de la Diputada de ERC,  de que le “importa un comino la gobernabilidad de España”, ya que los Diputados del Congreso tienen la responsabilidad de representar a todos los ciudadanos de la Nación y no a sus intereses personales. Tan inaceptable es ese comportamiento como el de la Diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, quien afirmó que existía una “tendencia” a aplicar “recetas autoritarias” para “problemas políticos” y que afirmó que el discurso del rey tras el referéndum ilegal del 1 de octubre fue “una de sus expresiones más evidentes” de esa actitud. Pero lo más grave de todo fue la actitud de la Presidenta de la Mesa del Congreso Meritxell Batet, quien se negó a aplicar el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se haga un ataque contra las Instituciones del Estado, permitiendo que se llamara fascista al Monarca Felipe VI. SM El Rey es el Jefe del Estado reconocido por la Constitución Española, por lo que este hecho supone por parte de estos Diputados, no solo una falta a las normas básicas de la Cámara, sino a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra Carta Magna y a nuestro Estado de Derecho.

En un Estado de Derecho es inaceptable tal comportamiento por quien es el Presidente de todos los españoles y por quien preside la Mesa de la Casa de todos los españoles, quienes debe dar ejemplo cumpliendo con las normas de nuestro ordenamiento jurídico, todas ellas emanadas de la Constitución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes instan al Consell a:

  1. Trasladar a las Cortes Generales, y el Rey de España, S.M. D. Felipe VI el apoyo absoluto de este Grupo Parlamentario así como el de esta Cámara a la Monarquía española y a todas las Instituciones Públicas.
  2. Mostrar su apoyo a la Constitución de 1978, a nuestro ordenamiento jurídico y a todos los órganos constitucionales.
  3. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Dña. Meritxell Batet, por no aplicar el Reglamento del Congreso de los Diputados y llamar al orden ante un ataque contra las Instituciones del Estado.
  4. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, por sus palabras contra el Jefe del Estado proferidas el 5 de enero de 2020 en la sesión de investidura y, en su defecto, que se proceda a su reprobación.
  5. Instar al Gobierno de la Nación para que repruebe a la Diputada de ERC, Monserrat Bassa, por su afirmación de “me importa un comino la gobernabilidad de España”, proferidas el 7 de enero de 2020 en la sesión de investidura.
  6. Trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo de esta Cámara a su acuerdo con ERC, Bildu y con aquellos grupos de corte comunista que apoyan directamente las dictaduras hispanoamericanas.
  7. Rechazar los compromisos alcanzados por parte del Presidente del Gobierno con aquellos partidos posicionados en contra de nuestro sistema político y constitucional y que buscan romper la unidad de España y acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país.
  8. Dar traslado del presente acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Presidencia del Gobierno.

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