Primer día sin peajes en el Levante español

La patronal hotelera pide reforzar las vías alternativas para evitar un colapso de la AP-7. Fomento ya estudia fórmulas alternativas de pago para poder costear el mantenimiento.

15 minutos justos de reloj separan la salida del peaje de la AP-7 que va de la playa de Poniente de Benidorm hasta San Juan, en el centro de la provincia de Alicante. Hasta el pasado día 31 de diciembre a las diez de la noche el trayecto, de apenas 37 kilómetros, tenía un coste de 3,95 euros por vehículo. Esto supone un coste de 26 céntimos por minuto.

Es decir, seis veces más de lo que se pagaría por estacionar en un parking en una de las ciudades más grandes de España, según la tarifa media calculada por la Organización de Consumidores (OCU).

Pasadas las tres y media de la tarde del 1 de enero, con el fin de la concesión privada tras más de 40 años y la decisión del Ministerio de Fomento de retirar los peajes en todo el Levante español, no puede decirse que la salida de Benidorm tenga más tráfico del habitual. Puede que no sea un buen baremo -al fin y al cabo hace apenas unas horas que las barreras están levantadas- pero no deja de ser la principal salida de una ciudad con 40.000 camas hoteleras, diez millones de pernoctaciones anuales y un 95% de ocupación en Nochevieja.

«La liberalización del peaje era ya un hecho y no se podía dar marcha atrás», señala la secretaria general de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Nuria Montes. «Lo importante es qué va a pasar a partir de ahora».

Su asociación ha sido una de las más beligerantes contra la apertura total de la AP7, al asegurar que la falta de tramos alternativos en determinadas comarcas (como Las Marinas, ubicadas en la costa norte de la provincia) provocarán un colapso que restará competitividad al sector turístico, generador del 13% del PIB valenciano. «La gente confunde gratis con que no cueste dinero. Y no es así. El mantenimiento hay que pagarlo, y ahora se va a multiplicar con el incremento de tráfico. La cuestión ya no es si se impondrá, sino cómo y cuándo lo hará».

En ese sentido se ha pronunciado también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La intención del Ejecutivo es reformular el sistema para financiar el mantenimiento de las autopistas de peaje que sea «igualitario» en todo el país. Con ese objetivo se licitaron el pasado mes de agosto dos estudios sobre la «distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en Autopista AP-7», uno para el tramo Tarragona-Valencia y otro para el de Valencia-Alicante.

Estos informes determinarán «las mejores soluciones para las actuaciones que se deban acometer para acomodar la demanda en la Red de Carreteras del Estado tras la redistribución de tráfico» y el nuevo escenario que se abre al no tener que pagar por los trayectos.

Un movimiento que puede tener consecuencias en las siguientes carreteras donde se acaba el peaje, como la AP-2 que va desde Zaragoza hasta El Vendrell y cuya adjudicación vence el 31 de agosto de 2021.

La clave ahora está en ver cómo evoluciona el tráfico, pero lo cierto es que la autopista que recorre la costa tiene un margen importante hasta recuperar el volumen de antaño. Según los datos del Ministerio de Fomento, entre 2008 y 2018 el tramo que va desde Alicante a Tarragona perdió aproximadamente una cuarta parte de sus vehículos (unos 9.000 diarios de casi 40.000), principalmente por la existencia de otras alternativas como por ejemplo la Autovía del Mediterráneo, inaugurada en el año 2011 y que supone la manera más eficaz de llegar desde las comarcas alicantinas de interior hasta la provincia de Valencia.

Ante esto, Montes destaca la necesidad de «acometer inversiones» para «reforzar las alternativas a la AP-7», algo que, en el caso concreto de Alicante, evidencia «el abandono de determinadas infraestructuras como la N-332» o, en un plano más general, la «ausencia de actuaciones concretas ya ejecutadas en el Corredor Mediterráneo».

UNAS AUTOPISTAS UN 0,84% MÁS CARAS

El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subió ayer un 0,84%. Este incremento se aplicó en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron ‘rescatadas’ por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento. Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros en total, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante. Seittsa, la firma pública que explota estas vías, lo hace a través de un contrato que no es de concesión, por lo que no se les aplica la subida fijada como sí sucede en el resto de carreteras españolas.

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