Uno de los principales problemas es la excesiva lentitud con la que se resuelven los trámites administrativos, desde la solicitud de una simple cita en una oficina pública hasta la resolución de expedientes más complejos, los plazos suelen extenderse de manera irrazonable. Por ejemplo, la concesión de licencias urbanísticas, que deberían de resolverse en semanas, puede demorarse meses o incluso años, paralizando proyectos vitales para particulares y empresas.
En parte, esta demora se debe a la carga burocrática desproporcionada que acompaña cada trámite. La presentación de documentos redundantes, el cumplimiento de requisitos que a menudo parecen diseñados para entorpecer y la falta de digitalización efectiva convierten lo que podría resolverse en días en un proceso interminable.
Un aspecto especialmente grave de la burocracia en España es la frecuencia con la que se cometen errores administrativos, estos fallos que pueden parecer triviales desde la perspectiva del funcionario que los comete, tienen consecuencias devastadoras para los afectados.
Por ejemplo, errores en la redacción de datos en documentos oficiales pueden generar problemas legales, pérdidas económicas o bloqueos en procedimientos esenciales. Lo más alarmante es que, en muchos casos, las administraciones se muestran reticentes a rectificar sus propios errores, obligando al ciudadano a iniciar engorrosos recursos administrativos o incluso procesos judiciales.
Otra piedra angular de este problema es la nula coordinación entre los distintos organismos. Los ciudadanos deben actuar como intermediarios entre departamentos que, pese a formar parte de la misma estructura administrativa, no comparten información ni sistemas compatibles.
Un ejemplo recurrente es el de los trámites fiscales, en los que la Agencia Tributaria y los ayuntamientos operan de manera desconectada, lo que genera duplicidades, errores y una carga innecesaria para el contribuyente. Esta falta de comunicación no solo ralentiza los procesos, sino que también aumenta el riesgo de errores que recaen, una vez más, sobre los ciudadanos.
Cuando se detectan fallos, las administraciones públicas rara vez asumen responsabilidad o actúan con celeridad para corregirlos. Por el contrario, el afectado se ve obligado a seguir nuevos procedimientos para reclamar, muchas veces enfrentándose a la misma maquinaria burocrática que originó el problema. Este círculo vicioso alimenta la desconfianza en las instituciones y agrava el descontento ciudadano.
El impacto de este sistema disfuncional es profundo. Personas mayores que no pueden acceder a ayudas sociales por errores en sus expedientes, autónomos que pierden oportunidades de negocio por retrasos en licencias o familias que sufren desahucios debido a trámites hipotecarios mal gestionados son solo algunos ejemplos del coste humano de una burocracia ineficiente.
La solución no pasa únicamente por la digitalización , aunque esta es fundamental. Es necesario reformar la estructura misma de la burocracia española, simplificando procedimientos, garantizando una mejor formación para los funcionarios y estableciendo canales efectivos de comunicación entre organismos.
Además, se debe de implementar un sistema de rendición de cuentas que obligue a las administraciones a asumir y corregir sus errores de manera ágil, priorizando siempre el bienestar del ciudadano sobre la rigidez normativa.
La burocracia en España necesita una transformación radical, no podemos permitir que un sistema destinado a servir a la sociedad siga siendo un obstáculo que la perjudique. La modernización , la eficiencia y el compromiso con el ciudadano debe convertirse en los pilares de una administración pública verdaderamente funcional.
Como ejemplo, tenemos a los damnificados de La Palma por el volcán y ahora en Valencia con la dana.
- CONCHI BASILIO
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