LA SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO DEJA SIN EFECTO UNA SANCIÓN GRAVE IMPUESTA A UN AGENTE POR FALTA DE SUBORDINACIÓN

LA SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO DEJA SIN EFECTO UNA SANCIÓN GRAVE IMPUESTA A UN AGENTE POR FALTA DE SUBORDINACIÓN

LA SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO DEJA SIN EFECTO UNA SANCIÓN GRAVE IMPUESTA A UN AGENTE POR FALTA DE SUBORDINACIÓN

Los servicios jurídicos de AUGC consiguen que se estime parcialmente el recurso de casación presentado por el agente sancionado, admitiendo dicha sala que existió vulneración del derecho a la legalidad sancionadora.

 

Los hechos que dieron origen a la sanción ocurrieron cuando el agente sancionado realizando servicio de seguridad y protección de uno de los Centros Penitenciarios en la provincia de Alicante, recibió ordenes por parte del suboficial de servicio para que la vigilancia exterior del complejo se realizase durante los últimos veinticinco minutos de cada uno de los tramos horarios a él asignados.

 

Al parecer en uno de los tramos asignados, concretamente el comprendido entre  las 04:00 y las 05:00 horas, el agente no atendió la orden recibida, pues a las 04:46 horas se encontraba en la zona de descanso del Cuerpo de Guardia, siendo sorprendido por el Suboficial, tras lo cual inició la ejecución del cometido sobre las 04:52 horas junto con el Guardia Civil que debía acompañarle durante la vigilancia exterior.

 

Por estos hechos el Tribunal Militar Central confirmó una resolución del Director General de la Guardia Civil que confirmaba la dictada por el General jefe de la zona de Valencia, en la que le impuso al agente la sanción de PÉRDIDA DE CINCO DÍAS DE HABERES CON SUSPENSIÓN DE FUNCIONES como autor de una falta grave consistente en “falta de subordinación”, prevista en el apartado 5 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, ya que según declaraciones del suboficial realizadas ante el instructor del expediente, “debido a la actitud del encartado, se sintió desacreditado como mando  y de ahí la falta de subordinación”

 

Frente a la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central, el agente sancionado, siendo representado por el letrado de la Delegación de AUGC en Alicante, D. Alberto Manuel Mollá Díez, presentó recurso de casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al entender que la orden recibida si se cumplió en los primeros tramos horarios y con retraso en el último, aunque si bien es cierto que tras la llamada de atención del suboficial, y por tanto no cabe la falta de subordinación, concluyendo finalmente dicha Sala del Supremo, estimando las alegaciones presentadas, de que la Dirección General de la Guardia Civil y el Tribunal Militar Central vulneraron el principio de legalidad-tipicidad al imponer y convalidar, respectivamente, dicha sanción por esa falta grave, y considerando, por tanto, que la conducta del agente no debe pasar de ser considerada como una simple falta leve de “retraso en el cumplimiento de las órdenes recibidas”, del art. 9.3 de la citada Ley Disciplinaria, rebajando la sanción a tan sólo un día de haberes.

 

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Alicante, aunque lamentamos que deban ser siempre los Tribunales quienes nos den la razón a golpe de sentencia, le damos nuestra enhorabuena a nuestro afiliado y a nuestro letrado, así como celebramos este nuevo logro y cómo, una tras otra las sucesivas sentencias ganadas por nuestros servicios jurídicos en los distintos ámbitos y tribunales, ponen de manifiesto que gozamos de los mejores servicios para nuestros afiliados, dejando patente que, tanto a nivel provincial como nacional, ofrecemos un trato cercano y efectivo que nos pone por encima del resto de organizaciones.

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos

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