La Audiencia de Alicante resolverá el 16 de febrero el recurso del alcalde por el fraccionamiento de contratos

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La Audiencia de Alicante resolverá el 16 de febrero el recurso del alcalde por el fraccionamiento de contratos
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La defensa de Echávarri solicitó que vuelvan a declarar dos técnicos municipales en el caso de las facturas de Comercio

La Audiencia Provincial de Alicante ha fijado para el siguiente 16 de febrero la deliberación del recurso interpuesto por el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, en el que pedía que testificaran otra vez dos técnicos municipales en el contexto de la causa que inspecciona el presunto fraccionamiento de contratos del sector de Comercio en diciembre de 2016, cuando era responsable de la misma el alcalde.

De esta forma, en una providencia firmada por el magistrado presidente de la parte, a la que tuvo ingreso Europa Press, el tribunal acuerda solucionar dicho recurso el siguiente 16 de febrero, uno de los pasos previos antes de fijar la fecha para la festividad del juicio oral.

Según han informado fuentes próximas al caso, la Audiencia de Alicante tiene pendiente solucionar este recurso interpuesto por la defensa de Echávarri, en el que solicita la afirmación de dos técnicos municipales que ya testificaron a lo largo de la etapa de instrucción, y otro además interpuesto por la misma parte contra el auto de trámite abreviado -resolución que marca el objetivo de la etapa de instrucción y solicita la apertura de juicio oral- dictado por la juez de instrucción 9 de Alicante.

De esta forma, las mismas fuentes han asegurado que es “inminente” que este segundo recurso contra el auto de trámite abreviado llegue a la Audiencia Provincial para que resuelva, solicite a las partes los escritos de acusación y defensa, y al final fije la fecha para la festividad de la visión oral.

En la causa por la presunta división de contratos de la Concejalía de Comercio aparte del alcalde de Alicante, acusado de un delito de prevaricación, además están en calidad de investigados los asesores Pedro de Gea y Eduardo Díez, acusados además de prevaricación y de usurpación de funcionalidades al utilizar en teoría la firma digital de Echávarri para cursar las facturas objeto de exploración.

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