Elche: Una empresa sospechosa de corrupción suministrará los uniformes de la Policía Local

Elche: Una empresa sospechosa de corrupción suministrará los uniformes de la Policía Local

El Ayuntamiento contrata por concurso la ropa para el cuerpo policial a la misma empresa que está siendo investigada por la causa de Santa Pola, donde el jefe de la Policía imputado es hermano del máximo mando policial de Elche.

El Ayuntamiento de Elche dio luz verde la pasada semana a la contratación de los uniformes de la Policía Local.

Un procedimiento que carecería de mayor análisis si no fuera porque una de las empresas adjudicatarias, Manufacturados Redován S. L., es la misma que está siendo investigada por la justicia y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por el presunto amaño en la compra de trajes en Santa Pola.

Por esta causa fueron detenidos y puestos en libertad con cargos hace justo un año los miembros de una familia, el padre, los hijos y la mujer de uno de ellos. Todos pertenecen al conglomerado de Almacenes Riera S. L. que controla el suministro de uniformes de la Policía municipal de parte de la provincia de Alicante.

En esta operación de la Policía Nacional también fueron detenidos, entre otros, el exconcejal de Seguridad Ciudadana Antonio Pérez Huertas y el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, de quien se investiga si podría haberse llevado comisiones por la compra por parte del consistorio, al parecer de manera ingente e innecesaria, de uniformes de la Policía Local y de Protección Civil. Por todo ello está imputado por prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Todos estos presuntos hechos delictivos (a los que existen que agregar horas plus de los agentes que se cobraban más allá de no realizarse) sucedieron mientras Zaragoza se encontraba en la jefatura de la Policía de la villa marinera y otro Zaragoza, su hermano Miguel, como alcalde del Partido Habitual de la ciudad entre 2003 y 2015.

En este momento, en el momento que está el tercer hermano de una familia de once, César Zaragoza, como jefe de la Policía Local de Elche, el consistorio ha adjudicado a la compañía investigada parte de los siete lotes que ha sacado a certamen público para vestir a los agentes. Según fuentes municipales, Manufacturados Redovan S. L.

ha resultado ser la ganadora de tres de ellos por un importe total de 77.900 euros. Concretamente, se va a hacer cargo de la ropa (59.000 euros), los pantalones (9.700 euros) y el zapato de seguridad (9.200). Para este certamen general abierto se han anunciado otras 4 compañias por medio de la fórmula de concurrencia por lotes y por rivalidad.

De esta manera, El Corte Inglés se hizo con el zapato de la Policía de Elche por un importe de 12.500 euros.

“Incómoda”

Preguntada a la teniente alcalde de Contratación del Ayuntamiento de Elche, la socialista Ana Arabid, reconoce que no se ha sentido “cómoda” con este proceso de licitación pública. “Lo cierto es que no me ha hecho mucha gracia que esta empresa haya resultado ganadora”, añade. “He preguntado y repreguntado a los técnicos municipales si todo estaba correcto y me han asegurado que sí”, esgrime la también regidora de Hacienda.

La Ley de Contratos del Sector Público solo prohíbe la contratación por parte de la administración de personas jurídicas en las que pese una condena “mediante sentencia firme”, cuestión que está por determinar. Los cinco miembros de la empresa familiar Riera, con sede en Redován, están imputados por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

“Nosotros hemos seguido lo que dice la ley y en el final ganó la compañía que ha anunciado la oferta más económica”, asegura Arabid. “También hemos seguido el trámite reglado”, enseña en referencia a que esta licitación pública pasó por la Mesa de Estipulación laboral (donde están todos los partidos con representación) y por la Junta de Gobierno.

Esta más reciente parte es la que no se llevaba a cabo en Santa Pola con esta compañía. El PSOE de la ciudad venía denunciando que el gobierno de Zaragoza no presentaba por el cauce de la Junta de Gobierno las permanentes adjudicaciones con Manufacturados Redován.

En este sentido, según mostró en su día Alicante Plaza, las pruebas del sumario judicial abierto señalan a la “connivencia” entre el mando policial y la firma de uniformes, que acordaban antes armar tres capitales inferiores a 18.000 euros de tres compañias que resultaban ser la misma para la adjudicación a dedo, por medio de la fórmula del contrato menor, del suministro del material.

“Nosotros no hemos amado llevarlo a cabo por contrato menor”, aclara la concejala de Elche Ana Arabid. “Podíamos haberlo hecho pero queríamos ahorrarnos inconvenientes y en el final ha resultado ganadora la misma”, ha indicado. Con la falta de la alcaldía de Santa Pola en 2015, las formaciones entrantes (PSOE, Esquerra Unida, Compromís y Sí se puede Santa Pola) comenzaron a indagar en la administración del exalcalde Miguel Zaragoza. De esta manera, el primero en caer fue su hermano José Manuel por el ‘caso de los uniformes’.

En la actualidad está de baja por incapacidad temporal mientras el Ayuntamiento ya inició los trámites para suspenderle de empleo y sueldo a él y a los oficiales además implicados Roque Alemañ, Pascual Linares y Alfonso Aracil. “Pero hasta que no se reincorporen, no se les puede notificar”, aseguran fuentes municipales.

En febrero del año en curso, el exalcalde además fue detenido y es juzgado por el ‘caso de la clínica privada de Enorme Alacant’: la cesión por parte del consistorio de suelo municipal para una clínica a la que en teoría no le cobró un canon mayor a los 100.000 euros a lo largo de diez años en lugar de ubicar a la hermana de la familia, Pilar Zaragoza, quien habría estado cobrando sin asistir a trabajar.

Ella y su pareja, el por entonces edil de Seguridad Jorge Perelló, además fueron detenidos y son investigados. El político de la familia Zaragoza, más allá de que se ha proclamado inocente, ha reconocido frente la jueza probables “errores” y ha acabado dimitiendo como diputado provincial primero y como concejal luego.

Dos semanas antes de que Rajoy empezara a trabajar como registrador de la propiedad en Santa Pola, el exlíder del PP local además volvió a su historia ‘civil’ y se reincorporó al centro de salud L’Altet como enfermero de atención principal.

Desde ese puesto va a tener que responder además al delito de prevaricación ambiental por la causa de los chiringuitos del Carabassí por el que fué procesado y, esperando de juicio, se enfrenta a un año de prisión y siete de inhabilitación por presuntamente ceder a los intereses de unos locales de ocio que a lo largo de años excedieron los ruidos permitidos.

En relación al caso de los uniformes de Santa Pola, el de hoy Ayuntamiento tiene sosprechado volver a licitar el trámite “para que sea un certamen completamente público y transparente”.

No obstante, como ocurrió en Elche, puede que en el final vuelva a ser ganador el conglomerado de la compañía de la familia Riera o que vuelvan a reiterar las mercantiles del empresario Antonio Gil de los Ríos, detenido y puesto en independencia unos meses después, acusado de los mismos delitos que la otra compañía por las mismas operaciones en Santa Pola.

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