El fiscal pide el procesamiento de Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala
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El fiscal pide el procesamiento de Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala
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José Llor considera que el alcalde incurrió en una “grave desviación de poder” y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio

La Fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto creador de un delito de prevaricación, al tener en cuenta que despidió de manera arbitraria a una gobernante interina por ser cuñada del representante del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

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Según han informado hoy fuentes de la acusación pública, el fiscal responsable del caso, José Llor, cree que el alcalde incurrió en una “grave desviación de poder” y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

No obstante, el fiscal ha pedido en su escrito, remitido hoy al Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que se archive el trámite respecto del concejal de Elementos Humanos, Carlos Giménez, además del PSPV-PSOE, que estaba investigado en esta causa, porque no valora dolo en su actuación.

Echávarri en este momento se encuentra procesado, con dos de sus asesores, en el llamado “caso Comercio” en el que se le asigna una presunta prevaricación por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese sector por un valor grupo de unos 144.000 euros.

Ayer, y tras comprender que la parte segunda de la Audiencia de Alicante había afirmado su procesamiento por el “caso Comercio”, Echavarrí dió a conocer en una comparecencia frente los medios que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y mientras que la de hoy vicealcaldesa, Eva Montesinos (PSPV-PSOE), tenga los apoyos necesarios en la corporación municipal para sucederle.

Por lo relacionado al asunto de la gobernante interina, ésta fue despedida en abril del pasado año y readmitida en su puesto algunas semanas luego a petición del pleno del Ayuntamiento.

El alcalde sostiene que el despido fue legal porque su circunstancia laboral suponía un “estafa de ley”, al llevar a cabo funcionalidades diferentes a las que habían animado su estipulación laboral sin cargo a plaza.

Echávarri ha negado tanto en Fiscalía como en el Juzgado de Instrucción 2 de Alicante que esta elección respondiera a una venganza personal contra el representante del Grupo Habitual por haberle denunciado en el “caso Comercio”.

Sin embargo, el cese de la trabajadora, que está adscrita a la Concejalía de Cultura y lleva a cabo su tarea en un centro expositivo de la región, se causó días luego de que Barcala presentara esa denuncia.

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