El actual alcalde del PP, Luis Barcala, declarará este martes como testigo tras renunciar a ser parte acusatoria de un caso en el que la Fiscalía pide para el exregidor diez años de inhabilitación para el desempeño del cargo público

El que fuera alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha negado cualquier responsabilidad en el supuesto fraccionamiento de contratos por el cual está acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa en el conocido como caso Comercio que ha comenzado en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante.

Junto a Echávarri han acudido este día a la sección tercera de la Audiencia Provincial sus dos máximos colaboradores en su etapa como primer edil, su jefe de Gabinete, Lalo Díez, y su asesor de Comercio, Pedro de Gea. Ninguno de los tres ha querido responder al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, la única parte acusatoria que queda activa, y solo se han limitado a contestar a sus letrados.

De esta manera, y tras negarse a la entrada a los juzgados a responder a preguntas de los medios, se ha podido escuchar al exregidor Echávarri desvincularse de la tramitación de los 25 contratos de publicidad por valor de 189.000 euros que se encargaron en la Navidad de 2016 para la promoción del comercio local y de una gala del sector.

En su intervención, únicamente ha reconocido ser sabedor de la existencia de ese lote de contratos a través de su jefe de Gabinete, Lalo Díez, cuando en febrero de 2017 le comunicó que había “unos problemas en las facturas”, para añadir a continuación que “no tenía ningún interés ni vinculo” con las empresas contratadas, la mayoría medios de comunicación.

Así lo han refrendado después en sus intervenciones tanto Diez como el exasesor de Comercio Pedro de Gea, quien ha dicho que “jamás me he encontrado con una directriz o indicación de cómo lo tenía que hacer”.

Los tres se enfrentan cada uno a diez años de inhabilitación para el desempeño de empleo público ante las sospechas de Fiscalía de que los 25 contratos habían sido fraccionados en facturas inferiores a 18.000 euros para que pudieran ser adjudicados de manera directa.

Se trata de la única acusación que queda de un caso en el que se ha inhibido el Partido Popular, formación que a través del entonces su portavoz en el grupo municipal y actualmente alcalde, Luís Barcala, llevó ante fiscalía este caso que junto con otras imputaciones le costaron la dimisión a Echávarri. Hace dos semanas, Barcala optó por registrar su escrito de desistimiento al entender que no podía actuar como acusador siendo primer edil de la ciudad.

Precisamente este martes será llamado a declarar Barcala como testigo junto con el interventor municipal Francisco Guardiola y el jefe de Servicio de Comercio Diego Agulló en el segundo día de las cinco sesiones previstas en la Audiencia Provincial.

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