mayo 11, 2021

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Las criptomonedas virtuales están en el punto de mira de la UE, por ello el Parlamento Europeo acaba de aprobar una serie de medidas que se incluyen en la quinta revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales y cuyo objetivo es combatir el anonimato en el mercado de las criptodivisas y evitar que se utilicen para lavar dinero o financiar el terrorismo. El mercado aplaude la iniciativa.

El consenso fue mayoritario, y con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones, los eurodiputados respaldaron el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo de Europa por el que se prevé una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales para evitar que se usen para blanquear dinero de procedencia ilícita.

Estas medidas conforman la quinta revisión de la Directiva social sobre la pelea contra el blanqueo de capitales, llevada a cabo como respuesta a los asaltos terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas y a las infiltraciones de los ‘papeles de Panamá’.

Y su primordial propósito es batallar el anonimato en el mercado de criptodivisas.

«El anonimato de los individuos puede fomentar ocupaciones ilícitas con total impunidad. Actualmente, los suministradores de servicios de cambio de monedas virtuales por dinero fiat y los suministradores de servicios de custodia de monederos electrónicos de monedas virtuales no tienen ninguna obligación de descubrir ocupaciones sospechosas, por lo cual los terroristas tienen la posibilidad de transladar dinero hacia el sistema financiero de la UE gozando de un alto nivel de anonimato.

Por consiguiente, en la medida en que la regulación ayuda para comprobar la identidad de los individuos, minorará la utilización de criptodivisas para ocupaciones ilícitas», asegura Cristina Villasante, abogada y responsable del sector de ‘blockchain’ y criptodivisas del despacho de abogados Écija.

Normas positivas

Para Miguel Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles, «se trata de unas medidas muy positivas porque si hay indicios de que hay un tipo de mercado que está siendo utilizado de forma activa para el blanqueo y que, además, no tiene ningún control, es absolutamente correcto implantar las nuevas normas», asegura.

También para Rafael Gil March, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, esta normativa trata de controlar el movimiento de capitales que pueden ser utilizados con fines delictivos y, tras reconocer su importancia, advierte de que solo será seguida por aquellos prestadores de servicios y plataformas de negociación que operen en la UE.

Estos «tendrán mayor transparencia y una mayor identificación, pero el problema se producirá con los que estén fuera del ámbito de la aplicación de la Directiva. Ahí será más complicado controlarlos. Por ello, habrá que diferenciar entre los que prestan unos servicios regulados e identificados y los que no, y serán los usuarios los que valoren los riegos que asumen cuando operen con unos u otros».

Otra de las secuelas de la novedosa normativa es que se puede achicar el número de interfaces de negociación de criptomonedas y de suministradores que dan servicios de monederos electrónicos en la UE. De esta forma lo reconoce Miguel Sánchez Monjo, asociado senior del despacho de abogados Cuatrecasas, para quien «la aplicación de estas medidas pide el avance de destacables métodos en temas de identificación de usuarios, recolección de información acerca de éstos…

que necesitan medios, dedicación y entendimientos acerca de cómo interpretar la información de los usuarios a efectos de descubrir teóricos de blanqueo». Además, según él, dado que pasen a ser «sujetos obligados» acorde a la Directiva les transporta a asumir más compromiso en términos legales y disciplinarios, lo cual «podría ser un elemento disuasorio para continuar construyendo este negocio».

Lo opuesto opina Cristina Villasante que piensa que las medidas no reducirán el numero de interfaces y ni suministradores que dan esta clase de servicio, «muy al contrario»: «El hecho de tener unas reglas de juego visibles y establecidas va a ayudar a que aumenten los proyectos de avance de estas interfaces.

Además, estas obligaciones van a permitir achicar la utilización de las noticias de criptomonedas para objetivos ilícitos ya que va a ser más complicado guardar el anonimato.

De esta forma, la probabilidad de estas monedas virtuales va a aumentar y además su uso, por lo cual va a existir un más grande número de interfaces de cambio de monedas virtuales y suministradores de custodia de monederos electrónicos de monedas virtuales».

Registro obligatorio

Además, según lo aprobado por el Parlamento Europeo, estas entidades deberán registrarse, lo que en opinión de Sánchez Monjo, es una de las novedades principales de la revisión de la Directiva.

«Habrá que esperar a ver cómo se transpone este requisito en cada país, principalmente en España, pero lo que es seguro es que para poder prestar estos servicios, a partir de ahora, será necesario estar registrado, ya veremos en dónde, si en el Banco de España, como es lo más natural, o en el Ministerio de Economía.

Este requisito implica que la autoridad pública correspondiente exija y revise cierta información sobre la idoneidad de los accionistas, administradores, etc. de las plataformas».

Esta medida además es «completamente necesaria», para Miguel Ángel Bernal, porque «si hay una masa de gente que está accediendo en el mercado de las criptomonedas y entidades que hacen trabajos de intermediación su registro no solo es acertado sino primordial, y eso es lo que denuncian los inversores».

Medidas impulsoras de la inversión 

listado de criptomonedas Otra de las consecuencias de la implantación de la nueva normativa es que puede impactar positivamente en la inversión en criptomonedas. «Contar con un marco regulatorio claro genera estabilidad y seguridad jurídica, lo que favorece indefectiblemente la inversión y la innovación», apunta Villasante.

Retraso

La buena acogida que ha tenido la nueva regulación entre los expertos choca con las críticas hacia la UE provocadas por el retraso en la implementación de medidas de control sobre las monedas virtuales, ya que el primer bitcoin se desarrolló en 2009, aunque no fue hasta 2014 cuando la tecnología blockchain y el uso de las criptomonedas ha tenido más auge.

Rafael Gil reconoce que este retraso se ha producido, pero señala que «en una materia tan innovadora como esta, casi siempre la normativa va por detrás de la realidad».

También Cristina Villasante considera este retraso «inevitable» por varias razones, como la reticencia con la que los órganos gubernamentales ven este tipo de monedas, «dado que no son monedas emitidas por el banco central ni por una autoridad pública, con la pérdida de control por su parte que eso supone» y, además, «la complejidad intrínseca de la propia tecnología dificulta que haya una posición clara y univoca sobre la categoría jurídica que se le debe otorgar a las criptomonedas».

Y es que algunos lugares comprenden que son commodities, como ha dictaminado hace poco un juez federal de Nueva York basado en la afirmación emitida en 2015 por la Commodity Futures Trading Commission de EE. UU.

No obstante, otros comprenden que son mecanismos financieros o medios de pago, por lo cual, según Villasante, «hasta que no haya una elección clara no se van a poder llevar a cabo las medidas de control adecuadas». Estas medidas además contribuirán a paliar la indefensión que tienen varios inversores al ubicar su dinero en monedas virtuales.

Según Rafael Gil, «el inconveniente es que ni la estipulación laboral está sujeta a la normativa de ningún Estado ni se conoce realmente bien con quién estoy empleando ni lo que vale esa moneda».

Por esto, afirma que «quienes invierten en monedas virtuales son visionarios o personas que adoran el compromiso. Yo, por supuesto, jamás lo haría».

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