Coronavirus y la constatable criminalidad de Pedro Sánchez

Coronavirus y la constatable criminalidad de Pedro Sánchez

Coronavirus y la constatable criminalidad de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez es el culpable del calibre de los perjuicios. En contraste con otros países afectados,  la gestión del coronavirus traspasa las lindes de la irresponsabilidad y la inoperancia para abismarse  en la actitud delictiva que nos ha sumergido en una crisis de incalculables consecuencias. La realidad supera a la ficción con esta pandemia de tintes apocalípticos que se agrava por la clase política que desgobierna España, en cuyas garras queda apresada con la incertidumbre hacia una destrucción global. Da repugnancia observar el cariz mafioso y estafador de un cuadro gobernante sin escrúpulos, carente de diligencia y honradez, que usa hasta la tragedia para asegurarse beneficios personalistas. Si los miembros del Gobierno sabían que se debía actuar semanas antes y con información apremiante desde el cuatro de marzo con el virus disparado, antes de la sectaria manifestación feminista del día ocho; si la Comunidad de Madrid advirtió sobre las consecuencias de no tomar medidas contra el coronavirus y fue ignorada, la actitud criminal de Pedro Sánchez debería ser juzgada como atentado contra la salud pública con el agravante que conlleva la dimensión de los perjuicios.

El estado de alarma debería implicar un gabinete de crisis con expertos, exceptuando a los nefastos ministros y neutralizando la presidencia del Gobierno.

Para afrontar con garantías de éxito la batalla sanitaria y social contra el coronavirus,  los ciudadanos de bien deberían analizar los daños multiplicados por la especulación criminal de Pedro Sánchez dando preponderancia a intereses tabernarios y sectarios que han contaminado España. Porque a raíz de esta emergencia nacional se ubica en la misma Moncloa que ya evidenciaba indicios de criminalidad con una nefasta gestión gubernamental cuajada de atentados continuados contra el Estado de Derecho, es esta descontrolada alarma sanitaria responsabilidad de un gobierno de inepcia que ha traspasado todas las líneas rojas de la legalidad.

El otrora político sin acta de diputado que secuestró mediante engaño una democracia, debería enfrentarse a las consecuencias de sus desequilibradas temeridades, así finalice esta estafa de corto recorrido y largas sospechas. No caben más piruetas ni chanchullos. Acumulados los despropósitos de carácter delictivo, el futuro debería ser básicamente judicial.

El chantaje permanente, el secuestro de la funcionalidad de Gobierno están causados por la abyección de un auténtico sociópata que aprovechó la comparecencia de ayer para tratar la emergencia nacional del coronavirus como pretexto para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. No hay límite en la ineptitud y, lo que es peor, en la bajeza enferma de un traidor que no solo pretende desintegrar el sostenimiento territorial del país, sino que también lo ha agravado con una pandemia de la España circunspecta que ni con el riesgo de la enfermedad mortal es capaz de reaccionar marchando hacia La Moncloa para expulsar al causante de tantos males que están costando, literalmente, la vida de una indefensa ciudadanía.

Indefensión primera la de soportar a los verdugos de la crisis,  este gobierno tabernario de coalición, demostradamente incapaz y malicioso que aprovecha la tragedia que causa para socavar, usando los recursos del Estado y las instituciones de las que se ha apropiado, con hipócrita y rastrera manipulación, la legítima resistencia que debería estar desfilando como un ejército unido hacia las puertas monclovitas para sacar en volandas al Nerón devenido del engaño de una moción de censura, avalado mediante fraude electoral y sospechoso de múltiple actividad delictiva incluida la de la alta traición.  Urge levantarlo de la poltrona ilegítima desde la que contempla la agonía social y económica del país que debería juzgarlo.

Ignacio Fernández Candela

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