En la Conferencia Nuestro Océano, Tony Long, Director General de Global Fishing Watch, aplaude el compromiso de Panamá con la propiedad efectiva final.
BUSAN, República de Corea
El Gobierno de Panamá reforzó hoy su compromiso con un futuro oceánico transparente y sostenible al anunciar nuevos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El anuncio, realizado en la Conferencia Nuestro Océano en Busan, República de Corea, destaca las ambiciones de Panamá de establecer registros de propiedad de embarcaciones más claros y accesibles mediante la mejora de los procesos de recopilación de datos y digitalización. De esta manera, Panamá está dando pasos cruciales hacia la transparencia del beneficiario final (UBO, por sus siglas en inglés) y asegurando una mayor rendición de cuentas de su flota y una mejor gobernanza oceánica.
La propiedad beneficiaria final —la capacidad de identificar a las verdaderas personas que se benefician de las operaciones pesqueras— es un pilar fundamental para una gobernanza oceánica efectiva y transparente. Es especialmente importante para avanzar hacia nuestros objetivos de sostenibilidad oceánica. Sin embargo, la falta de transparencia en el UBO actualmente socava los esfuerzos globales para gestionar los recursos marinos de manera sostenible y equitativa. De hecho, esta es una de las razones por las cuales el UBO es un pilar fundamental de la Carta Global de Transparencia de la Coalición para la Transparencia Pesquera.
Sin acceso a información sobre el UBO, los Estados a menudo no pueden sancionar de manera efectiva a las personas que realmente se benefician del incumplimiento de las leyes pesqueras,
particularmente cuando las embarcaciones operan bajo las denominadas banderas de conveniencia o a través de estructuras corporativas opacas. Esto permite que actores sin escrúpulos eludan la rendición de cuentas, amenacen la biodiversidad marina y afecten negativamente los medios de vida de aquellos pescadores que sí cumplen con las normas. Peor aún, la aplicación de la ley suele dirigirse contra las tripulaciones y los operadores de las embarcaciones, en lugar de los verdaderos beneficiarios, perpetuando ciclos de explotación sin abordar las causas de raíz.
Con esta nuevo objetivo, Panamá ha indicado que ahora trabaja para fortalecer la debida diligencia mediante la verificación de la propiedad de las embarcaciones y la revisión de la información sobre beneficiarios finales como parte de los procedimientos de otorgamiento de licencias. Al estandarizar y automatizar estos procesos, y alinearse con las mejores prácticas internacionales, Panamá está inaugurando una nueva era de rendición de cuentas en un momento crucial.
Pero el compromiso de Panamá no es solo una buena noticia para el país: también representa un poderoso ejemplo de buena gobernanza oceánica para otras naciones.
De cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) en junio, los Estados Miembros tienen la oportunidad de seguir el ejemplo de Panamá y liderar una revolución de transparencia en la gobernanza oceánica. Al incorporar los Requisitos de información de UBO en la legislación Nacional y en los acuerdos internacionales, la comunidad global puede dar un paso decisivo hacia el fin de la pesca INDNR y garantizar el uso justo y sostenible de los recursos de nuestro océano.
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