Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Benidorm han detenido a una fugitiva de nacionalidad rusa de 57 años de edad buscada por las autoridades de su país y sobre la cual pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por Interpol desde el mes de diciembre del pasado año.
De acuerdo con la orden de arresto sobre los motivos de su arresto en su país de origen, la prófuga, como hogar industrial y comercial individual, firmó un contrato de agencia con una compañía de seguros reconocida en su país de origen en 2011, según el cual el contrato Debe ser formalmente suscrito por el asegurador con personas naturales y jurídicas Contratos de seguro a cambio de una remuneración.
Durante los tres años siguientes, la detenida firmó un total de 42.243 contratos, por los que recibió más de 1,4 millones de euros en primas y más de 160.000 euros en comisiones, el resto tuvo que pasarlo a la compañía de seguros. Sin embargo, no transfirió el dinero a la empresa y malversó el dinero.
Una investigación policial de las autoridades rusas resultó en que el prófugo abandonó el país en un vuelo a España en enero de 2020, específicamente al aeropuerto de Alicante, y desde entonces se encuentra desaparecido, con una orden de arresto de extradición emitida para agosto de 2021.
Finalmente, el autor de la supuesta estafa fue localizado en un hotel de la localidad de Alicante con un hombre de nacionalidad española, natural de una localidad de la provincia, presuntamente ajeno a las actividades ilícitas por las que se le buscaba… Al parecer, detenido La afición a viajar de la mujer la llevó a elegir la provincia de Alicante como destino idílico para instalarse, donde unos prófugos intentan evadir la justicia en su país, mientras disfrutan de la buena calidad de vida que ofrece la provincia, además de ser un importante Ciudadano ruso Provincias coloniales.
Tras poder identificar al agente y con plena seguridad de que se trataba de la persona contra la que se dictaba la orden de detención internacional, la policía la detuvo y la denunció a las autoridades del país reclamante a través de la oficina de Interpol en Madrid.
Los detenidos son remitidos a la Corte Nacional de Justicia, Juzgado Tercero Central de Orden, quien es el encargado de realizar las diligencias necesarias para cumplir con este requisito internacional.
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