El cuerpo de la Benemérita ha iniciado una investigación contra veinte individuos, catorce hombres y seis mujeres, además de una entidad jurídica. Los individuos están siendo investigados por la presunta comisión de delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio. Se les acusa de llevar a cabo construcciones ilegales en áreas protegidas del término municipal de Alicante, una situación que fue denunciada por los vecinos de las zonas rurales afectadas.
Los arrestos se han llevado a cabo en el marco de la operación 'Insidias 2', una iniciativa dirigida a desmantelar una red fraudulenta de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable. Dentro de estas operaciones supuestamente ilegales, se incluye también la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular.
Además de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos, la Guardia Civil también está investigando la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular. Estos trabajadores fueron empleados para la construcción de las edificaciones ilegales.
Fue gracias a las denuncias de los vecinos de las partidas rurales que se pudo iniciar la investigación. Estos ciudadanos se dieron cuenta de las actividades ilegales que estaban ocurriendo en su entorno y decidieron actuar para proteger su territorio.
Investigación a 20 individuos y una entidad jurídica
Presuntos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio
Construcciones ilegales en áreas protegidas
Operación 'Insidias 2' para desmantelar red de compra-venta fraudulenta
Contratación ilegal de trabajadores extranjeros
Denuncias vecinales como punto de partida de la investigación
El SEPRONA de Alicante ha llevado a cabo una investigación exhaustiva tras identificar la parcelación y construcción en una finca rústica protegida y susceptible de inundación donde la edificación es prohibida. Se encontró que la parcela, que abarca aproximadamente 11.000 metros cuadrados, fue seccionada en 12 subparcelas, todas en diferentes etapas de construcción. También se descubrió la instalación no autorizada de un sistema de suministro de agua no potable sin la debida licencia urbanística.
Esta finca había sido comprada por una empresa creada exclusivamente para su adquisición y posterior venta en participaciones a distintos compradores. Se ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas en la transacción, tanto vendedoras como compradoras, así como a la entidad jurídica responsable de la parcelación ilegal.
Contratación de Extranjeros Irregulares
Pero las irregularidades no se detienen allí. Se encontró que la empresa también estaba involucrada en la contratación de extranjeros en situación irregular, añadiendo otra capa de ilegalidad a la operación.
Acciones Legales y Consecuencias
Las autoridades están tomando acciones legales contra los implicados y se espera que el caso sirva como un recordatorio de la importancia de respetar las leyes de construcción y contratación. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control en el sector inmobiliario para prevenir tales abusos.
Respetar las Leyes de Construcción y Contratación
La investigación del SEPRONA subraya la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones de construcción y contratación, especialmente en áreas protegidas. La parcelación y edificación ilegal en zonas protegidas pueden tener graves consecuencias ambientales y legales. Es fundamental que todas las partes involucradas en la compra y venta de terrenos rústicos estén plenamente conscientes de las restricciones y regulaciones pertinentes.
Se ha identificado a un individuo como el principal ejecutor de la mayoría de las construcciones ilegales. Este constructor tenía por costumbre emplear a trabajadores extranjeros en situación irregular en España, sin proporcionarles ninguna medida de protección laboral. Además, en varios casos, estos trabajadores no llegaron a recibir el salario correspondiente a su trabajo, con el constructor aprovechándose de su situación vulnerable.
Imputaciones y denuncias
A los implicados y a la persona jurídica se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los juzgados de Alicante ya han sido informados de estos hechos.
Críticas a la gestión municipal
Los vecinos de Cañada del Fenollar, quienes fueron los que alertaron y denunciaron esta situación ante el SEPRONA, expresan su satisfacción porque la Guardia Civil haya actuado con rapidez "para defender nuestro territorio y la regulación urbanística". Sin embargo, también critican la inacción del Ayuntamiento de Alicante en relación a este asunto.
Constructor identificado como principal ejecutor de edificaciones ilegales.
Uso habitual de trabajadores extranjeros en situación irregular, sin medidas de protección laboral.
Imputación de delitos contra la ordenación del territorio y los derechos de los trabajadores extranjeros.
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