La Policía Nacional ha realizado una detención en Alicante, concretamente en San Vicente del Raspeig. La arrestada es una mujer española de 30 años que anteriormente presidía una asociación alicantina. Se le acusa de apropiación indebida, tras descubrir un desfalco en las cuentas de la asociación que asciende a 53.716,36 euros, así como impagos que superan los 44.000 euros. Estos hechos corresponden al periodo en que la mujer ejercía su cargo en la asociación.
El caso fue llevado a la atención de la Policía Nacional por la representante legal actual de las asociaciones afectadas. Fue ella quien detectó una significativa disminución en la liquidez de las cuentas de la entidad.
Al principio, cuando la nueva junta directiva intentó llevar a cabo gestiones con las personas que la expresidenta les proporcionó como contactos de la entidad bancaria, descubrieron algunas irregularidades. En un intento por esclarecer el balance de cuentas, se dieron cuenta de que dichos contactos no trabajaban para el banco. Este hecho puso en evidencia la existencia de un posible fraude y derivó en la detención de la antigua presidenta.
Este particular escenario, donde la expresidenta era la única figura de la anterior junta directiva con autoridad para efectuar transacciones bancarias, a pesar de tener un tesorero en el equipo, despertó sospechas sobre su gestión económica al mando de las asociaciones. Este fue el motivo que impulsó a los miembros a presentar una denuncia.
Por otro lado, el tesorero de la anterior junta hizo declaraciones a los investigadores que arrojaron luz sobre su posición. Manifestó que decidió renunciar a su cargo debido a que, en realidad, nunca tuvo la capacidad de realizar operaciones en las cuentas. Su papel se limitaba a verificar los saldos.
Limitaciones en las funciones del tesorero
Con respecto a sus responsabilidades como tesorero, señaló que las únicas tareas que terminó realizando se redujeron prácticamente a la elaboración de presupuestos e informes anuales de las cuentas. Sin embargo, estos siempre se basaban en la información que la presidenta le proporcionaba, ya que era ella quien operaba en las cuentas.
La expresidenta era la única con capacidad de realizar movimientos bancarios.
El tesorero solo podía consultar saldos, no operar en las cuentas.
Las funciones del tesorero quedaron relegadas a la elaboración de presupuestos e informes anuales.
La información para los informes la proporcionaba la presidenta, quien operaba las cuentas.
De hecho, señaló que su papel se limitaba a notificar a la presidenta sobre los pagos pendientes, sin estar involucrado en el proceso de transferencia en sí. Además, desconocía si estos pagos se efectuaban o no.
Cambios en la Junta Directiva y Control Financiero
Tras la renuncia del tesorero y de otros integrantes de la junta directiva, la presidenta de ese entonces asumió todas las responsabilidades financieras. Quedó como la única encargada de las cuentas, adquiriendo también el cargo de tesorera. De este modo, se convirtió en el único miembro de la junta con acceso y control sobre las cuentas bancarias, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2023.
Gestión Unilateral de los Ingresos y Gastos
En consecuencia, la expresidenta se encargaba de la gestión unica y unilateral de los ingresos y gastos de las asociaciones. No rendía cuentas de la contabilidad a ningún otro miembro de la junta. La acusan de realizar balances y presupuestos que eran presuntamente ficticios, de recibir los ingresos y de hacer los pagos correspondientes.
La investigación llevada a cabo ha revelado detalles sorprendentes. Tras un meticuloso análisis de las cuentas bancarias de la persona investigada, se descubrió que su posición dominante dentro de las asociaciones que presidía, le otorgó, presuntamente, la capacidad de apropiarse de forma ilícita de 53.713,36 euros. Dicha cantidad fue transferida a sus cuentas personales durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021.
Impacto financiero en las asociaciones
El estado financiero de las asociaciones afectadas quedó en una situación alarmante. No sólo experimentaron una disminución significativa en su liquidez, pasando de 50.000 euros a tan solo 400 euros, sino que la nueva directiva descubrió impagos que ascendían a más de 44.000 euros.
Acciones legales
Finalmente, una vez que se descubrió su presunta participación en los hechos, los agentes encargados del caso procedieron a su localización y detención. La sospechosa fue detenida como presunta responsable de un delito de apropiación indebida. Todos los detalles y pruebas recopilados durante la investigación fueron enviados a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante.
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