El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado las primeras 25 viviendas de alquiler social desde que, el año pasado, el gobierno municipal del PP impulsó un cambio en la bolsa de demandantes que entró en vigor en septiembre. Este viernes, el Patronato de Vivienda tiene previsto confirmar la entrega de los inmuebles, vacíos al menos desde octubre de 2024, a los candidatos seleccionados de entre los 253 solicitantes registrados en esa fecha, una cifra que ya ha aumentado a 466 reclamaciones de vivienda pública.
De las nuevas unidades asignadas, tres son para el Programa de Emancipación para Jóvenes, doce corresponden al Intergeneracional de Mayores, dos al Intergeneracional de Jóvenes y ocho al de Arrendamiento General. Los precios de estos alquileres variarán entre 120 y 299 euros.
El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha subrayado que el equipo de gobierno llevó a cabo la reforma de la bolsa de vivienda municipal. Hasta entonces, esta se abría ocasionalmente a los solicitantes de forma temporal. Ahora, se ha implementado “un sistema dinámico y permanentemente abierto” en el que solo es necesario presentar una declaración responsable junto con la solicitud para cumplir con los requisitos de acceso a un alquiler social.
En el panorama de crisis de vivienda que enfrentamos, la implementación de un nuevo sistema de gestión de viviendas ha traído consigo cambios significativos. Una de las acciones más destacadas fue la depuración de solicitudes, descartando aquellas que no cumplían con los requisitos establecidos. De las 253 peticiones iniciales en octubre, se eliminaron 70, un número que rápidamente creció a 466 en solo dos meses. No obstante, se espera que este número se reduzca hasta un 70 % una vez se hayan revisado todos los expedientes.
Un Paso Importante en Medio de la Crisis de Vivienda
En un escenario donde la necesidad de soluciones habitacionales es el centro del debate municipal, tanto el alza en los precios de alquiler como en los de compra han generado preocupación entre la población. En este contexto, la adopción de medidas eficaces se vuelve crucial para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.
Reacciones Positivas
Compromís ha expresado su satisfacción ante el cambio en el modelo de gestión de viviendas del Patronato. El portavoz Rafa Mas señaló que, si bien han estado exigiendo la apertura de la bolsa de viviendas durante años, aún queda mucho por hacer. Esta postura refleja un paso positivo hacia la mejora en la gestión de viviendas y la búsqueda de soluciones efectivas en medio de la crisis habitacional que enfrentamos.
En Alicante, la situación de la vivienda es un tema candente que afecta a cientos de familias que buscan desesperadamente un lugar para vivir. Recientemente, se ha anunciado la adjudicación de 25 viviendas sociales en medio de una demanda mucho mayor de lo que se ofrece, lo cual ha generado diversas opiniones en la comunidad.
Opiniones divergentes sobre la asignación de viviendas
El valencianista considera que asignar solo 25 viviendas en una ciudad con tanta necesidad es completamente insuficiente. Por otro lado, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha celebrado la medida aunque con reservas, destacando que, a pesar del avance, la cantidad de viviendas ofrecidas no satisface la demanda, con casi quinientas solicitudes pendientes.
Además, Copé ha recordado la promesa incumplida de 6.000 viviendas para la ciudad, contrastando esta cifra con las 16.000 viviendas vacías y las escasas 1.192 viviendas sociales disponibles en Alicante, representando solo un 0,62 % del total, frente al promedio nacional del 2,5%.
Críticas sobre el proceso de selección
La concejala socialista Silvia Castell ha expresado su descontento al informar que el 70% de las solicitudes de vivienda han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos o no presentar la documentación necesaria, lo que representa un obstáculo para las familias vulnerables que buscan un hogar digno.
Situación urgente que requiere acciones concretas
Es evidente que la problemática habitacional en Alicante requiere medidas más contundentes y una mayor inversión en vivienda social para satisfacer las necesidades de la población. La falta de disponibilidad de viviendas asequibles es un desafío que debe abordarse de manera urgente y eficaz para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
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