Alicante: Unas 700 familias ocupan viviendas ilegalmente en la provincia

Alicante: Unas 700 familias ocupan viviendas ilegalmente en la provincia

Hay registradas 134 ocupaciones de la actual legislatura, sobre todo en Alicante, Elche, Elda y Alcoy

La Generalitat heredó 550 casas sociales en esta situación anteriores a julio de 2015.

Cerca de 700 familias de la provincia han convertido ilegalmente viviendas públicas en su hogar, la mayoría de ellas en Alicante, Elche, Elda y Alcoy. La Conselleria de Vivienda está abordando la grave situación de las exactamente 684 casas ocupadas de forma irregular. Cuando el actual Consell tomó las riendas de la Comunidad en julio de 2015, se encontró con 550 casos en toda la provincia.

Este número provenía de las ocupaciones directas y de contratos resueltos durante la anterior legislatura, en los que tácitamente se había permitido a las familias mantenerse en los inmuebles sin gestionar su desalojo y sin que pagasen la renta correspondiente.

En relación a las ocupaciones recientes, oséa, aquellas que se han producido en la de hoy legislatura, son 185.

En todos las situaciones se han iniciado métodos para establecer nuevamente la posesión de la vivienda, habiéndose recuperado ya 51 inmuebles y quedando 134 atentos de rehabilitación.

Según fuentes de la Conselleria «esta maraña jurídica que el de hoy Gobierno heredó frente la inexistente administración del parque público es analizada popular y jurídicamente caso a caso por este Consell».

De hecho, la Generalitat determinó no aceptar novedosas acciones de esta clase y accionar frente a las ocupaciones posteriores a julio de 2015.

El motivo: vulneran los derechos de las familias más necesitadas que cumplen con la ley e imposibilita la reparación de los inmuebles.

Por otro lado, tampoco se podía ignorar la circunstancia de la gente que en legislaturas anteriores llevaron a cabo esta irregularidad, «ante la pasividad del Gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones», según fuentes de la Conselleria de Vivienda, que aprobó una resolución para regularizar la circunstancia de estas familias si, una vez estudiado su caso, cumplen las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda popular y una secuencia de criterios como mostrar que se han que viene dentro en la red social vecinal.

Estudios individualizados

A las 550 anteriores a julio de 2015 se les está aplicando la resolución de la Conselleria de Vivienda por lo que, técnicamente, están en proceso de regularización.

Si al analizar la situación de cada familia se resuelve que no pueden ser regularizados, se adoptarán las medidas legales oportunas para que no las ocupen de forma ilegal. El proceso conlleva un estudio individualizado por parte de los servicios sociales municipales.

La consellera María José Salvador puso en marcha un Plan de Dignificación de la Vivienda Social para permitir que los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno y asequible, al tiempo que no se produzcan situaciones de inseguridad jurídica.

Criterios para la regularización

Entre los criterios objetivos necesarios para regularizar las ocupaciones destacan: acreditar una circunstancia de puerta de inseguridad y que la vivienda ocupada sea la vivienda persistente de la familia antes de julio de 2015.

Además, tendrán asumir el pago del alquiler que le sea correcto y los costos de la red social y tendrán aceptar el ingreso al inmueble a los técnicos de EIGE para corroborar las condiciones de habitabilidad. Además tendrán mostrar buena convivencia con el resto de vecinos, de esta forma como el arraigo en el vecindario.

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