Alicante recurrirá la sentencia del ruido

El Ayuntamiento rectifica y llevará al TSJ el fallo al considerar que una asociación vecinal no puede ser sujeto activo en un caso de derechos fundamentales. La intención del bipartito es mantener el ocio en el entorno de Castaños, aunque “de manera racional”.

El Ayuntamiento de Alicante sí recurrirá finalmente la sentencia que le obliga a aplicar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el centro de la ciudad al considerar que la entidad demandante, la asociación de vecinos del centro tradicional, no puede ser el sujeto activo en un caso de derechos fundamentales.

Se trata del mismo argumento que los servicios jurídicos municipales utilizaron en el juicio y que tanto la magistrada como la Fiscalía rechazaron citando jurisprudencia, como la sentencia de 7 de julio de 2017 del Tribunal Supremo en el que se refiere a la legitimación de las asociaciones que defienden intereses colectivos. 

Eso sí, de manera paralela el alcalde, Luis Barcala, anunció que se empezará a aplicar la ZAS, con el objetivo de «buscar puntos de encuentro para compatibilizar el ocio y el descanso». Será de forma gradual y hasta conseguir los objetivos.

El equipo de Gobierno rectifica así parcialmente el primer comunicado que envió nada más conocerse el fallo, y en el que tanto el responsable de Urbanismo, Adrián Santos, como el de Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez, daban por hecho que no se agotaría la vía jurídica y se empezaría a aplicar la ZAS automáticamente. Los vecinos aseguran que de momento los fines de semana siguen registrando la misma actividad.

El viernes 15 de noviembre la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante estimó la parte central de la denuncia presentada por la asociación de vecinos del centro tradicional y condenó al Ayuntamiento de Alicante a la aplicación de la zona ZAS en la calle Castaños y otras diez vías del entorno.

En su fallo, la juez incluso decía que la Administración había hecho caso omiso de las denuncias de los residentes de la zona a pesar de que los sonómetros instalados por la propia Administración reflejaban niveles de ruido superiores a lo legalmente estipulado, muy especialmente en horario nocturno. La ZAS es una figura de carácter provisional que tiene como objetivo que esos niveles vuelvan a estar dentro de los límites legales.

En este sentido, fuentes municipales explicaron que las medidas recogidas dentro de la zona saturada no están concretadas, pero que básicamente pasan por lo anunciado en las últimas semanas por parte de los ediles de distintas áreas: restricción de licencias, planes de ordenación de veladores y vigilancia policial.

Otro punto recurrente en las ZAS que se han aplicado en otras ciudades es una restricción importante de horarios, con cierres entre las 00.30 y la 1.00 de la madrugada. Sin embargo el objetivo del consistorio, indicaron fuentes municipales, es que la actividad del ocio pueda continuar en el centro, aunque haciéndolo compatible con el descanso de los vecinos.

En este sentido, el bipartito comunicó ayer la decisión tanto a los vecinos como a los locales de ocio. Los primeros rechazaron una reunión conjunta con los pubs al considerar, según la presidenta de la asociación, Alcázar Moreno, que el único punto que necesitaban conocer era las medidas concretas para la aplicación de la ZAS, «no negociar nada con los locales de ocio». «Lo único que queremos es que se aplique la Ley y los niveles de ruido cumplan con lo estipulado por la Ley, tal como pide la juez».

Al respecto, tanto la asociación que representa a los negocios de esta zona como la patronal provincial de hostelería, Aphea, se han opuesto a la aplicación de una zona saturada muy restrictiva, y esgrimen el impacto económico de su actividad y la necesidad de «mantener unos 2.000 empleos, entre directos e indirectos», para solicitar al bipartito que modere las medidas que piensa adoptar.

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