El Ayuntamiento recupera una norma de 2011 y lanza un edicto de consulta a entidades afectadas. Alerta de la proliferación de “conductas organizadas” que utilizan a menores y discapacitados.

El Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) está dando los últimos pasos para recuperar la ordenanza de prostitución y mendicidad que aprobó el equipo de Gobierno de Sonia Castedo en 2011, y que fue derogado por el tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2016.

En concreto, el consistorio ya ha emitido un edicto de consultacon el que pretende recabar la opinión de colectivos y agentes sociales afectados por la nueva normativa, así como incorporar alternativas regulatorias. El edicto se emitió a principios de septiembre, y está firmado tanto por el edil de Seguridad, José Ramón González, y el vicesecretarioGermán Ruiz Valdepeñas.

En ese texto, al que ha tenido acceso este diario, se explican los antecedentes de la ordenanza (tanto su aprobación inicial en 2011, no exenta de polémica, y la derogación un lustro después) y el motivo por el que se ha recuperado ahora: «Conjugar la convivencia cívica y movilidad ciudadana, actuando sobre actuaciones coactivas o acoso que dificultan el libre tránsito viario y circulación peatonal en la vías, parques y espacios públicos dando protección social a personas necesitadas. Y eliminando situaciones que obedecen a conductas organizadas».

Este último punto es importante porque vuelve a aparecer poco después, en el apartado Objetivo de la norma: «Es claramente protector y de atención a personas realmente necesitadas, actuando con contundencia ante conductas organizadas que utilizan menores y personas con discapacidad para fines lucrativos». En este sentido, fuentes municipales explicaron a EL MUNDO que se ha detectado un incremento de mafias que operan en la ciudad, e incluso citaron de manera expresa la llegada de personas organizadas «desde Benidorm», una situación que también ha sido denunciada por la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).

Así, el proyecto «pretende ofrecer una herramienta de actuación jurídica para que tanto Policía Local como los servicios sociales lleven a cabo actuaciones informativas y protectoras principalmente, así como represoras y sancionadoras en situaciones de conflicto y perturbación de la convivencia». Por último, el edicto indica que la incorporación de estas situaciones en una ordenanza genérica de convivencia ciudadana «no es aconsejable puesto que el Ayuntamiento ha decidido actuar de forma específica» sobre esta problemática.

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