Alicante: El Tribunal Supremo no 'indulta' a Goldcar
Alicante: El Tribunal Supremo no ‘indulta’ a Goldcar
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Ratifica la implicación de la firma alicantina en un cártel de empresas de alquiler de coches que pactaban sus precios para inflar las tarifas que cobraban luego a los turistas

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El grupo fue multado con 15 millones pero Competencia va a recalcular la sanción  La trama controló el mercado de turismo ‘low cost’ durante 6 años en la región

Los tribunales, de momento, no perdonan a Goldcar. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la compañía con sede en Alicante contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba su implicación en un cártel de unas 20 empresas de alquiler de coches, que entre 2005 y 2011 pactaban los precios y las condiciones comerciales en el sector de rent a car para cobrar más a sus clientes y reducir al mínimo la competencia.

La trama, destapada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), operaba en varias comunidades turísticas, entre ellas, la valenciana. Goldcar fue sancionada por la CNMC con 15,4 millones de euros por su participación en el cártel.

El grupo recurrió, y la sección 6 de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó parcialmente su recurso. Anuló la resolución de Competencia, pero solo en el extremo referido a la cuantía de la multa. Por ello, instó al regulador a imponer una nueva sanción a Goldcar, porque la de la cuantía de 15,4 millones no se ajustaba a Derecho, según el fallo (marzo de 2016).

Sin embargo, la sentencia no entraba en el fondo del asunto, oséa, validaba las acusaciones de la CNMC contra Goldcar. La compañía recurrió en casación frente el Supremo, negando las acusaciones y para intentar aclarar algún duda sobre su no implicación en el cártel.

No obstante, el prominente tribunal, en una sentencia del 6 de junio, emitida por la parte 3 de la salón de lo Contencioso-Administrativo, ha desestimado el recurso de Goldcar, ratificando de esta forma su implicación en el acuerdo de costos de las rent a car. La CNMC va a tener que recalcular la cuantía de la novedosa sanción.

Goldcar es la primordial compañía de alquiler de coches de la Red social Valenciana.

El fondo Investindustrial compró la firma en 2014 por unos 300 millones de euros (la compañía pertenecía a los hermanos Alcaraz y poseía su sede en Sant Joan d’Alacant), y el último año, Europcar, el enorme europeo del área, consiguió la empresa, valorándola en unos 550 millones.

La confirmación

La sentencia de la Audiencia Nacional, refrendada ahora por el Supremo, establecía como hecho probado «la existencia de un cártel de empresas operantes en el sector del alquiler de vehículos sin conductor en el segmento del turismo low cost que ha venido actuando, al menos, desde la primera reunión el 27 de mayo de 2005, con un plan preconcebido consistente en la fijación de unos precios mínimos de venta al público y el establecimiento de unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio».

De acuerdo con la sentencia, se trataba «de una infracción continua, porque ese propósito de entablar unos costos mínimos y unas condiciones comerciales equilibrados se mantuvo inalterable durante las 32 reuniones que se sucedieron hasta la más reciente acreditada conmemorada el 30 de marzo de 2011, en todas las cuales participó Goldcar, que redactaba, además, una nota o reporte en relación al contenido de la actividad social para dejar constancia del acuerdo de fijación de costos y comprobar de esta forma su nivel de cumplimiento».

El cártel operaba en Cataluña, Andalucía, Baleares y la Red social Valenciana, las zonas punteras en turismo y que copan el mercado de las rent a car.

Todo ello fué afirmado por el Supremo. Los jueces recuerdan que «el hecho de que en varias oportunidades Goldcar se apartase de algunos acuerdos de fijación de costos no altera su compromiso, ya que era exactamente desde el conocimiento del acuerdo antes adoptado lo que la colocaba en una posición de virtud para adoptar, a su vez medidas que la otorgaban una posición prevalente en el mercado».

Las prácticas anticompetitivas consistían en que las empresas participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, distinguiendo según gama y temporada (alta o premium, media, baja o invierno, Navidad, Semana Santa, etc), estableciendo también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, ya que normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

Para garantizar la consecución de estos objetivos, las empresas realizaban reuniones periódicas que se desarrollaban habitualmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las cinco empresas que originariamente constituyeron el cártel, entre ellas, Goldcar, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas.

También eran frecuentes las comunicaciones entre las empresas vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cártel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta «incidencia» al incumplidor para que lo remediara lo antes posible.

El Supremo sostiene que este tipo de acuerdos «son anticompetitivos por su objeto habida cuenta de que por su propia naturaleza son aptos para restringir la competencia en el mercado», y «chocan manifiestamente con la concepción inherente a las disposiciones relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado».

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