ADAFI (ASOCIACION DE AFECTADOS DE IDENTAL VALENCIA)

ADAFI (ASOCIACION DE AFECTADOS DE IDENTAL VALENCIA)

Pone en conocimiento de la fiscalía provincial, los siguientes hechos:

Que, desde la fecha de cierre de las clínicas dentales “IDENTAL” a principios de junio de 2018 sin previo aviso; una situada en calle Mariano Cuber, , no 15, 46011 de VALENCIA, y la otra situada en Calle Profesora Ana Rojo , no 13, 46910, de ALFAFAR (VALENCIA) y ambas con denominación comercial: Idental, “Dentistas con Corazón”, “Asistencia Dental Social” o “Idental Fundación Hospitalaria”, y gestionadas por ALC UNION DENTAL SL, DENTAL GLOBAL MANAGEMENT SL, I LEVANTE DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL, con CIF B 54816418, u cualquiera de los cambios de denominaciones sociales y administradores que se efectuaron.

Que, en ambas clínicas, antes de su cese definitivo, llegaron a atender a más de 120.000 personas de la provincia de Valencia.

Tras el cierre de las clínicas, nos siguen llegando pacientes a diario que se han quedado con los tratamientos a medias, en una situación dramática; cientos presentan tratamientos muy deficientes, mala praxis y negligencias, daños y lesiones, además de un gravísimo deterioro emocional y psicológico, que incluso limitan hacer vida social o buscar trabajo con normalidad.

 

Hablamos de miles de pacientes que se han visto con los tratamientos sin terminar, sin dientes en sus bocas ni prótesis dentales, que se alimentan a base de comida triturada, que presentan implantes fracasados, roturas de las dentaduras provisionales; en ciertos casos contagio de hepatitis b y C; y que, además, se han visto bloqueados por los créditos vinculados con las entidades financieras, siendo continuamente acosados e incluidos en listados de morosidad. Una gran mayoría de estos pacientes no saben ni dónde ir, ni cómo proceder. Se sienten desorientados, deambulando de un organismo a otro y desamparados por las administraciones.

A nivel local, provincial, autonómico y estatal, no han sido capaces de establecer una mesa de trabajo entre las instituciones competentes en materia de sanidad y consumo, colegios profesionales del sector y plataformas de afectados; ni siquiera han emitido un protocolo de actuación efectivo, ni nos han ofrecido asesoramiento y una atención específica al afectado, ni una línea telefónica donde poder preguntar. No han destinado ningún tipo de ayuda económica para valoraciones de diagnósticos e informes periciales, tampoco ninguna cuantía para atender a los casos más graves que ya no pueden esperar más, dejándonos en una situación deplorable.

En la actualidad, no se dispone de un censo de afectados, ni un registro donde inscribirse como tal, ni tan siquiera una clasificación por tipología de afectación ni siquiera cifras oficiales reales de los más de 500.000 pacientes atendidos por los 26 centros repartidos por las distintas ciudades del territorio nacional.

Los historiales clínicos, tras la solicitud, suele tardar hasta 6 meses en entregarse, y se reciben incompletos y sin contener las pertinentes pruebas radiológicas, siendo imposible para el afectado iniciar un procedimiento judicial o empezar un nuevo tratamiento, quien se lo pueda permitir, en otros centros odontológicos privados, ya que una gran mayoría de estos centros, nos exigen de una historia clínica que contenga marca, fabricante de los implantes, o número de identificación de las prótesis.

Desde las corporaciones municipales, no nos facilitan espacios sociales, ni atención psicológica o de servicios sociales. Las mociones que presentamos en los Ayuntamientos las pasan a ruegos o a declaraciones institucionales, ya que ninguna entidad pública asume su responsabilidad, ni nos facilita las soluciones que necesitamos.

 

DENUNCIAMOS, por la inacción mostrada por los organismos encargados de la vigilancia de estas clínicas privadas y de los “profesionales” que en ellas operaban así como por la ineficacia de los procedimientos establecidos tras el cierre de las clínicas, que el objetivo de estos organismos es no asumir ninguna responsabilidad en lo ocurrido y para ello se intenta agotar y aburrir a los afectados, eximiéndose de cualquier posible actuación y presentando este problema sanitario y de consumo COMO SI NO TUVIERA SOLUCIÓN. Además, intentan reducir, con la desinformación, alargamiento de plazos y la descoordinación la cantidad de reclamaciones que podrían registrarse, siendo actualmente 19.300 reclamaciones las interpuestas en los organismos territoriales de Consumo en todo el territorio nacional. Por todo ello, llegamos a la conclusión, de que están silenciando completamente el grave problema de salud bucodental y enfermedades derivadas que presentamos, exhibiéndose de su responsabilidad tras infringir el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios garantizando la calidad y la seguridad de la atención sanitaria de ámbito privado a la ciudadanía, además de otras normativas de índole sanitaria.

Desde las decenas de asociaciones y plataformas de afectados por el cierre de Idental a nivel nacional, entendemos que estamos ante una auténtica estafa sanitaria y el mayor escándalo de salud bucodental y de consumo de nuestra historia. Analizados y probados los acontecimientos, podemos afirmar que han fallado los mecanismos de regulación, control e inspección sobre estas clínicas marquistas, y es más que evidente la falta de coordinación entre Estado, Autonomías y Municipios en cuanto a legislación y prevención, que han permitido perpetrar una estafa a gran escala enfocada hacia un colectivo humilde de bajos recursos socioeconómicos que no podían acceder a tratarse su salud bucodental en clínicas dentales privadas, y estando desatendidos por la salud pública actualmente.

Ante el abandono que sufrimos, y acogiéndose al Artículo 43 de la Constitución Española en la que se reconoce el derecho a la protección de la salud, siendo competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios que sean necesarios; solicitamos una INVESTIGACIÓN PARALELA a la existente en la Audiencia Nacional, que se está llevando a cabo sobre las empresas y los administradores de la compañía, a los cuales se les han atribuido delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública; y por tanto, se inicie desde la fiscalía provincial, autonómica y general del estado, otra investigación dirigida a los responsables de la Administración Pública con la finalidad de determinar las responsabilidades que han tenido sobre el caso iDental las distintas instituciones y cargos públicos, los cuales pasamos a mencionar:

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Alcalde de Valencia – Don JUAN RIBÓ CANUT.  

. Concejal de acción social – Dña.Consuelo Castillo Pla

Concejal de Urbanismo – Don Vicente Manuel Sarriá Morell

Concejal de Salud y Bienestar Social: Dña María Teresa Girau Melia

Técnico de Consumo (OMIC):. Dña Fatima Gonzalez Perez

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD PROVINCIA VALENCIA:  

Directora Territorial de Sanidad Valencia: Dña. Teresa Cardona Ribes

Director Territorial de Comercio y Consumo: Don Vicente Roncero Corroncho.  

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA – Generalitat Valenciana.

Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública: Dña. Ana Barceló Chico.

Subsecretario: Don Juan Ángel Poyatos León.

Directora de la Alta Inspección Sanitaria: Dña. María Victoria Garrido Manzano.

– Secretario Autonómico de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público: Don Narcís Vázquez Romero

 Directora General de Asistencia Sanitaria: Dña. María Amparo García Layunta.

Directora General de Salud Pública: Dña. Ana María García García.

Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Don Rafael Climent González.

Dirección General de Comercio y Consumo: Don Natxo Costa Pina.

 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL.

Ministra de Sanidad: Dña. María Luisa Carcedo Robles.

Secretaria de Estado de Servicios sociales: Dña. Ana Isabel Lima Fernández.

Subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Don Alfredo González Gómez.

Secretario General de Sanidad y Consumo: Don Faustino Blanco González.

Director General de Consumo: Don Nelson Castro Gil

Solicitamos apertura de investigación ya que estamos como el primer día, en cuanto a nuestra Salud se refiere, empeorando día a día por el deterioro de nuestra Salud, con infecciones constantes, problemas de alimentación, con rechazos y expulsiones de implantes, roturas de prótesis, problemas psíquicos importantes, depresiones que han llegado incluso hasta suicidios de compañeros y no contamos con un protocolo efectivo ni con una aportación económica del estado para revertir los daños causados.

Entendemos que esta DEJADEZ institucional por la inacción de sus responsables, traerá consecuencias mucho más graves para los afectados con el transcurso del tiempo.

Por ello, y entendiendo que todos/as y cada uno/a de ellos/as conocen nuestra problemática, sin haber ejecutado ningún protocolo de actuación, que toda Administración debiera de poner en marcha ante la sospecha de un daño contra la Salud  Publica y la Seguridad de la Ciudadanía.

 

Le solicitamos valoración respecto a la posibilidad de considerar a las Administradores/as responsables civiles subsidiarias y se exija la aplicación de cuantas medidas de carácter urgente sean necesarias para la atención sanitaria efectiva de las personas afectadas, o en su caso se solicite una SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA.

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