El Fiscal General del Estado en el punto de mira: ¿por qué se investiga exactamente a Álvaro García Ortiz?

Análisis jurídico de la causa penal contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos: ¿cuáles son las razones de su imputación y qué consecuencias se pueden derivar de todo ello?

Una de las noticias más impactantes y controvertidas de los últimos tiempos en el mundo de la justicia es la declaración como investigado (anteriormente conocido como imputado) del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, siendo la primera vez en la historia en la que se da esta circunstancia.

Fue en octubre de 2024 cuando el Tribunal Supremo emitía una nota de prensa en la que se establecía que “la Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular”. Sin embargo, para entender el porqué de lo sucedido hemos de remontarnos meses atrás, hasta marzo del mismo año.

El contexto de la trama que implica al Fiscal General del Estado tiene su origen en otro proceso penal cuyo inicio se remontaba a inicios del año pasado cuando se abrió una investigación por parte de la Agencia Tributaria contra el empresario Alberto González Amador, que es conocido por ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los hechos por los que se le investigaba se basaban en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, a través de los cuales había cometido presuntamente dos delitos fiscales por fraude a la Hacienda española y otro de falsedad en documento mercantil.

Debido al mencionado proceso penal dirigido contra Alberto González Amador se sucedieron diversas noticias periodísticas que nos ayudan a entender el contexto de la trama contra el Fiscal General del Estado, las cuales se pueden resumir en las siguientes:

1. El 13 de marzo de 2024 uno de los periódicos más importantes de nuestro país hace público que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador.

2. Menos de una hora después otro medio de comunicación sacaba a la luz la noticia de que era la defensa del empresario la que verdaderamente había ofrecido un pacto a la Fiscalía, y no al revés como se había publicado anteriormente. Lo importante de esta noticia es que en ese ofrecimiento de pacto se reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de la pareja de Ayuso.

3. El 14 de marzo la propia Fiscalía declara en una nota de prensa que el pacto no había sido ofrecido por el Ministerio Público, sino por la defensa, dejando claro en su escrito que “el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024”.

Otro de los aspectos relevantes del caso objeto de estudio se basa en que en el sumario del proceso penal en el que se investiga al Fiscal General del Estado se recogía que el 7 de marzo de 2024 la Fiscalía de Madrid había puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la investigación que se estaba realizando contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Dicho de otra manera, Álvaro García Ortiz había tenido conocimiento de todo el proceso contra González Amador desde casi una semana antes de que todo se hiciera público en la prensa, y eso era algo que el empresario y cualquier persona que lo analizara mínimamente podía entender, al ser una información que le pertenecía exclusivamente a la Fiscalía y que además era privada, es decir, el hecho de hacerse pública por parte de la Fiscalía era constitutivo de delito. El propio Fiscal General del Estado reconoció que el comunicado que había realizado la Fiscalía, donde se decía que el que verdaderamente había propuesto un pacto había sido la defensa, no se habría realizado sin su “previa autorización e instrucciones expresas y directas”.

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Es por todo lo explicado que Alberto González Amador presentó una querella contra la Fiscalía que más tarde derivó en la imputación, en octubre de 2024, del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, así como del Teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y de la Fiscal Jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El delito por el que se les acusa es el sito en el artículo 417 del Código Penal, revelación de secretos realizada por funcionario público, y que queda redactada de la siguiente manera:

La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Más allá de toda la explicación del caso en el que se investiga al Fiscal General del Estado y de las posibles consecuencias que se pueden derivar de todo ello, hay una circunstancia que es óbice mencionar. En el sistema judicial de nuestro país, al menos en las altas esferas, no se respeta de forma plena la independencia judicial. Aunque es tema de otro debate, solo con leer el Título VI de la Constitución, del Poder Judicial, se puede llegar a la conclusión de que los magistrados integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son elegidos por la propia clase política, y el Ministerio Fiscal no se hace de menos en esta historia.

En el artículo 124 de la Carta Magna se establece que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Explicado todo esto es fácil atar cabos y saber que en la guerra política española, y específicamente en la de Madrid, la publicación de la nota informativa de la Fiscalía sacaba a relucir una información que beneficiaba al PSOE, principal partido de la oposición de la Comunidad de Madrid, e iba en contra de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que en la actualidad es uno de los principales azotes políticos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el que eligió a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

A la espera de la finalización del proceso penal que hemos explicado, queda una pregunta en el aire: ¿se utilizó a la Fiscalía General del Estado para menoscabar la reputación de una de las mayores rivales políticas del partido que gobierna actualmente España?